Entre escándalos

Julia Rodríguez Larreta

Mientras Cristina Fernández continúa en su defensa de lo que hace la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo, a la cual el Estado le otorgó una sorprendente autonomía para construir decenas de miles de casas económicas por todo el país, el escándalo se agranda como bola de nieve. Por ejemplo, al tenerse noticia de que el Banco Central, a cargo de la sempiterna sonriente Mercedes Marcó del Pont, eliminó datos que podían complicar a Shocklender, el apoderado de la institución a quien las investigaciones complican cada vez más. A pesar de que los registros de cheques impagos (aun los saldados) deben quedar a la vista de quien consulta la base de datos sobre una empresa, en este caso Meldoreck, la constructora de Shocklender, al día siguiente de destaparse la olla, la autoridad monetaria ordenó dar de baja de los registros de deudores, 34 cheques sin fondo, emitidos por la mentada firma, por más de un millón y medio de pesos. Y según la investigación de Clarín, tampoco se encuentra constancia de que hayan sido pagos. La actual presidente del Banco Central hoy tiene que lidiar a su vez con problemas como la reciente desaparición una abultada suma de billetes que debía destruirse la que se teme ande por ahí dando vueltas.

Al tiempo que otras ramas de Madres de la Plaza de Mayo ya han comenzado a tratar de desligarse, los motivos para sorprenderse continúan. Resulta que Felisa Miceli, ex directora del Banco Nación que debió renunciar después de que se le encontrara escondida en su baño una bolsa llena de fajos de billetes recién salidos del horno, fue luego contratada como asesora por la Sra. Bonafini.

El gobierno reconoció que no existen controles directos del Estado nacional sobre lo que construye la entidad, argumentando que ello se hace a través de los municipios y gobernaciones. Finalmente han hablado de una cifra; serían más de US$ 300 millones, lo que se les habría entregado a la fecha.

Más de una denuncia se tramita hoy en los juzgados, a raíz de lo sucedido y no solo contra Shocklender. El fiscal federal Miguel Osorio pidió investigar también la responsabilidad de otros funcionarios públicos que intervinieron en los contratos celebrados con la organización presidida por Bonafini. Estos trámites están en la órbita del juez Marcelo Martínez de Giorgi y se vinculan con otro planteo judicial presentado por un abogado particular contra Bonafini, el Ministro De Vido y Aníbal Fernández que denuncia por contratación directa y presuntos sobreprecios.

Como era de esperarse apareció el Juez Oyarbide, en cuyo juzgado se tratará la denuncia por lavado de dinero presentada por dos legisladoras un año atrás. Fue enviado a la justicia después de que estalló la bomba, por la Unidad de Ilícitos Financieros, UIF, dependiente del Ejecutivo, donde estaba enterrada desde entonces.

El fiscal federal Jorge di Lello por su parte, hizo sus comentarios sobre la redondez de la bolilla "que parece que está un poco deformada", haciendo referencia a que Oyarbide también haya sido el designado para esta causa. Ocurre que no se llenan 4 vacantes que faltan para cubrir los 12 juzgados federales que hay en Comodoro Py, por lo tanto hay más chances de que los jueces se repitan.

Pero el lamentable estrépito alrededor de las viviendas no es el único que resuena en la vecina orilla. En paralelo, (recordemos lo del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime) las suspicacias sobre turbios manejos en la obra social del gremio de los camioneros que preside Hugo Moyano, van en continuo crescendo. El Juez Carlos Bonadío volverá a indagar a más sospechosos, ya que aumentan los indicios respecto de fraudes con costosos medicamentos, utilizando troqueles falsificados de remedios oncológicos, como Erbitux. De esa manera recibían reintegros del Estado por medio de la Administración de Programas Especiales, (APE) a pesar de que nunca habrían llegado ni al hospital ni a los enfermos. Un exdirector de APE que irá a declarar, es un funcionario que respondía al Sr. Hugo Moyano.