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Para el presidente Mujica, el debate sobre la Ley de Caducidad afecta la unidad nacional. Tiene razón. El país ha sido dividido: primero en cuanto al fondo del asunto y luego por el procedimiento utilizado. El costo de este episodio ya es alto para el partido de gobierno y seguramente será aun mayor para el orden jurídico de nuestro país.
Pero, mientras el Presidente predica la unidad nacional, el Frente Amplio avanza con sus propuestas controversiales. Se habla de volver al tema del voto de los uruguayos en el exterior -a pesar de los resultados del reciente plebiscito. En el próximo Plenario del Frente se tratará la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente, para el año 2012. Con entusiasmo, cada sector frenteamplista aporta sus propuestas para la reforma constitucional. Hasta ahora incluyen la eliminación del balotaje, la derogación de la facultad del Presidente de vetar leyes, la limitación de la tenencia de la tierra por extranjeros y la introducción de algún artilugio jurídico que justifique la anulación de la ley de caducidad. La convocatoria de una Convención Nacional Constituyente hundirá el país en un ácido debate político permanente durante años. Para tener una idea de la complejidad del procedimiento basta saber que se deberán elegir más de 260 convencionales (a los que se suma el doble número de suplentes) que tendrán un año para deliberar sobre los nuevos textos. Es un procedimiento que encierra grandes incertidumbres y, a la luz de lo que sucedió hace unos días en el Senado, presenta enormes riesgos. Mientras tanto, los problemas del país seguirán esperando por soluciones.
Claramente, la convocatoria de una Convención constituyente no es el camino para resolverlos. Muy al contrario.





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