Mensajes

La pobreza en Uruguay

Asistencialismo y futuro

Dr. Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo

@| "Desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuya existencia tuvo su fundamento en el anterior gobierno del Frente Amplio en paliar las consecuencias de la peor crisis financiera de que se tenga memoria y que significó para la primera ministra a cargo de esa cartera la concreción del `sueño del pibe`, ha aumentado su presupuesto en un 33% sin que, hasta la fecha y a más de un lustro de su puesta en funcionamiento, haya logrado el cumplimiento de sus publicitados objetivos.

Esta circunstancia se presenta como ciertamente frustrante a la hora de evaluar los costos que los diversos planes de asistencia han tenido y tendrán para el Presupuesto nacional (en buen romance, para todos quienes contribuimos a las arcas públicas) y los resultados palpables en la implementación de los mismos.

Porque, más allá de las creativas denominaciones con que se han dado a conocer los diversos subsidios asignados, no se ha logrado disminuir el número de habitantes que integran la franja situada bajo la línea de pobreza (que resulta superior incluso al registrado en el 2001), ni se ha logrado disminuir el número de asentamientos donde viven hoy en la más absoluta informalidad más de un cuarto de millón de uruguayos. Y lo que es más preocupante aún, no se ha logrado disminuir siquiera la deserción escolar.

Llama la atención que este ministerio no posea datos de cuántos de sus beneficiarios han dejado de necesitar el abrigo de su asistencia, luego de más de cinco años de brindarles estos subsidios, ya sea en efectivo, asignaciones familiares o a través de tarjetas de consumo alimentario.

Resulta increíble además que no haya podido implementarse un efectivo control de la escolaridad, el que habría justificado de alguna forma este tipo de asistencia.

Es que, pese a los recursos dispuestos, los ya gastados y los que habrán de gastarse hasta las próximas elecciones nacionales, en este tipo de asistencia social o beneficencia pública que realiza el gobierno, las críticas no sólo provienen de la oposición sino -vaya paradoja- de los propios beneficiarios, para quienes las sumas que reciben y que consideran exiguas, `solo los sacan de un apuro` pero no de la pobreza. Pobreza de índole material y moral, ya que este ingreso poco tiene de digno al no exigirles contraprestación alguna que permita mejorar la autoestima a sus beneficiarios. Situación de pobreza -en algunos casos extrema y en situación de calle, o dedicados como están 20.000 niños y adolescentes a la recolección de residuos- en la que continúan y continuarán viviendo, cada vez más, como dependientes insatisfechos de un Estado que vive aún épocas de inusual bonanza económica, pero con muy limitadas perspectivas de mejorar individualmente, sin acceder a destrezas que les permitan auténticos ingresos propios, para así poder acceder a vislumbrar un futuro mejor.

Resulta por demás evidente que el asistencialismo, tal como se ha implementado, aumenta la pobreza, no la disminuye. No permite el desarrollo de una cultura del trabajo ni por cierto del ahorro, no fortalece ni el entramado social ni la necesaria inclusión social a la que debiera tenderse, si se pretendiera contar con ciudadanos comprometidos con la sociedad que hoy, perciben como ajena".

¿Y la justicia?

Gustavo M. | Montevideo

@| "Entre otros episodios, el 2011 comenzó con el asesinato de un comerciante en la zona próxima a la ruta 101. El matador fue El Pelón, un menor que, con ese, cometió su tercer asesinato en un lapso menor a un semestre, ante la vista gorda de un juez: Juvenal Javier.

En el día de ayer otro juez, Álvaro Beyhaut, mandó a prisión a un ciudadano de 51 años que mató a un delincuente que ingresó a su casa para robar.

¿De qué lado está la Justicia? Observando estos dos casos se percibe que la justicia es injusta. ¿Y nadie dice nada sobre esto que ocurre? Nadie dice nada que vivimos totalmente inseguros. Nadie dice nada que los menores delincuentes actúan impunemente. Nadie dice nada que en las cárceles los delincuentes andan con armas como si nada. Nadie dice nada que los jueces no defienden a quien tienen que defender".

Patente de rodados

Norberto | Montevideo

@| "Todos los uruguayos vivíamos felices y contentos en aquella época que no había guerra de patentes. Esa época ya pasó y ahora las comunas (intendencias) están complicándose en un ir y venir por unos abusadores con afán recaudador.

Recuerdo que el lío lo empezó Montevideo en tiempos de Vázquez, la necesidad de recaudar y tener dinero para no hacer nada. La frase hecha era `el que usa y rompe acá, que pague acá`.

La verdad de todo esto es que Montevideo estuvo desecho. Desde Vázquez hasta Mariano Arana pasaron unos 15 años de gobierno frentista. Las amenazas a los conductores para hacer el cambio de departamento no lograron arreglar como se debía la ciudad.

El ciudadano por la Constitución es libre y la verdad que amedrentar bajo una dictadura comunal no está nada bien. ¿Desde cuándo y cómo es que unos inspectores de tránsito tienen el derecho a pedir una constancia de donde uno vive o pernocta? Es una locura.

Tengo un caso de unas personas que pudieron comprarse un auto matriculado en el departamento de Colonia. Es del año 2009/2010 y pagan por año 6.700 pesos, pero si lo empadronan en Montevideo pasarían a pagar algo así como 16.000 pesos, más o menos. Es algo imposible para ellos pagar esa cifra sin sumar el costo del seguro total del auto.

Con esta dictadura que impusieron estos señores, que siempre se dieron de grandes solidarios y defensores de la libertad, a estas personas las tienen por las calles de Montevideo con miedo a cruzarse con algún inspector y que los multen, los obliguen a presentar papeles que no tienen de residencia en Colonia u otra cosita.

En conclusión, uno puede comprarse un auto si ahorró un dinero, pero a la hora de pagar la patente y decidir dónde a uno le conviene empadronar, no te dan opción estos grandes señores y Montevideo sigue tal cual.

Seguimos en una dictadura ya que la Intendencia de Montevideo nos obliga mediante normas y leyes opresoras a no tener auto y lo más lindo de todo es que Montevideo sigue repugnante".

Ancap reitera gasto observado por Tribunal de Cuentas

Dr. Gustavo Ferrés Pacheco | Montevideo

@| "En relación con el artículo de referencia, como abogado y representante legal de la firma de Gran Bretaña SPECTRUM GEO LTD.-aludida en la nota- corresponde efectuar las siguientes aclaraciones a efectos de enmendar algunos errores que se desprenden de manifestaciones del presidente de ANCAP en el artículo de referencia : 1) La firma menciona competidora en una licitación pública de ANCAP, bajo el patrocinio legal del suscrito Abogado, presentó con fecha 28/febrero/2011 ante la División Jurídica de ANCAP el Recurso de Revocación que consagra el artículo 317 de la Constitución de la República contra la Resolución de su Directorio de fecha 23 de febrero del 2011. Recurrió en su calidad de titular de un interés directo, personal y legítimo. El acto impugnado, a juicio de mi representada es violatorio de específicas normas jurídicas previstas por la Constitución y la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado, así como del Pliego del Llamado de Precios Nº 4700029800 de la ANCAP, que garantizan el derecho a la igualdad de los oferentes y el derecho al debido proceso administrativo. 2) Como lo establece el artículo 510 de la ley 15903 del 10/11/21987, dentro de las 48 horas siguientes se presentó copia del recurso de revocación al Tribunal de Cuentas de la República con fecha 2 de marzo del 2011. 3) Con fecha 4 de marzo del 2011 se ampliaron los fundamentos del recurso ante Servicios Jurídicos de ANCAP, y se presentó copia de dicha ampliación al Tribunal de Cuentas de la República como lo ordena la ley. 3) Con fecha 15 de marzo del 2011 se presentó nuevo recurso de revocación y jerárquico en subsidio contra el dictamen de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP que resolvió reservar las actuaciones del recurso por 30 días -hasta que se expidiera el Poder Ejecutivo- a nuestro juicio retardando su diligenciamiento en forma indebida. 4) Con fecha 14 de marzo del 2011 se presentó recurso de Revocación (art. 317 Constitución) contra la Resolución del Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro de Industria, Energía y Minería) del 11 de marzo del 2011 que autorizó a ANCAP a contratar en forma directa a la firma seleccionada (REFLECT) para el llamado de precios de referencia, sujeto a la aprobación del Tribunal de Cuentas. 5) Finalmente tomamos conocimiento por el artículo del diario El País del día 31 de marzo del corriente que el Tribunal de Cuentas de la República había resuelto por unanimidad observar la contratación por razones de falta de legalidad.

Estos son los hechos Sr. Director, mi representada constituye una importante firma del exterior especializada en las tareas objeto del llamado de ANCAP -levantamiento de datos geofísicos en el espacio marítimo. A dispuesto tiempo e incurrido en gastos a efectos de ofrecer sus servicios técnicos al gobierno uruguayo (ANCAP). Entiende que en el presente proceso de contratación no se ha actuado con las debidas garantías de igualdad y oportunidad, habiendo sido descalificada su propuesta técnica en forma indebida, sin ofrecerle la vista previa preceptiva para presentar sus descargos. Se llama a mejora de ofertas a la firma finalmente seleccionada, privándose la administración contratante de obtener el mejor precio que ofrecía nuestra representada en el proceso competitivo de compra, e incluso la posibilidad de mejorar el mismo. En definitiva, entiende que la administración no ha evaluado la oferta más conveniente al interés público de la contratación como lo establece la ley.

Todo lo expuesto es público y notorio, le consta al Directorio de ANCAP, a la Gerencia de Servicios Jurídicos, al Poder Ejecutivo, y al Tribunal de Cuentas de la República, a través de los medios de defensa que el derecho vigente consagra en protección del derecho de los administrados frente al accionar de los órganos del Estado.

Cabe agregar que es el Tribunal de Cuentas de la República el único órgano competente que dispone de las facultades constitucionales que establecen los artículos 211 y siguientes de la Carta, a efectos de efectuar el contralor de legalidad de los actos financieros y contrataciones de todos los órganos del Estado, incluyendo la ANCAP. Y para el caso parece -porque hasta el presente no se ha notificado nada a mi representada que sigue esperando se resuelva su recurso- que la unanimidad de los Sres. ministros han entendido que el proceso licitatorio adolece de graves vicios de legalidad".