Improvisación y resentimiento

Las propuestas de reforma tributaria a solo cuatro años de iniciada la inicua anterior, denotan no solo improvisación, sino resentimiento e ineficacia. En menos de una semana se han dejado oír planteos que desde el punto de vista técnico no pueden ni siquiera llegar a analizarse por lo disparatados. En efecto, hay propuestas que se basan en la tributación indirecta, como por ejemplo las del IVA; otras sobre la directa, como las que refieren al IRAE; y las hay que proponen gravar el comercio exterior con detracciones. Aparecen también las vinculadas a la concentración de la tierra, sobre la que no disponen de un solo número, en un acto más de irresponsabilidad. Todos los modelos tributarios, inconsistentes entre sí, están sobre la mesa, contribuyendo al clima de inestabilidad económica que paso a paso, las desavenencias oficiales empiezan a instalar.

En realidad todas las propuestas tiene un punto en común: el resentimiento para con aquellos a los que les va bien. Esto no debe llamar la atención, ya que ha sido una nota común en nuestra izquierda: soliviantar a trabajadores contra empresarios, a pobres contra ricos, a débiles contra fuertes, a gente común contra sus autoridades legítimas, y convertir todos esos sentimientos en preferencias políticas. Hoy como ayer.

El gobierno propone sacar más dinero a los que tienen más recursos, lo que puede ser muy injusto. En efecto, la justicia supone dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, y esto es muy opinable. Si lo será, que esa definición de lo suyo define nada menos que todo el fundamento del derecho natural y el de las ordenaciones jurídicas que pretenden asegurarlo. En este sentido, no es evidente que la ley deba obligar a quien tiene más, a dar al que tiene menos. Es posible que esto sea bueno, que sea virtuoso, pero no se trata de una norma a imponer, sino a lo mejor, una propuesta a seguir en un campo ajeno al del gobierno. Esto es así porque valores como la solidaridad, la generosidad o el afecto no son rectores del orden jurídico, ya que al derecho no le compete actuar como el agente de la bienaventuranza de los hombres. Además, no es evidente que toda acumulación de riqueza sea mala, ni que toda pobreza exija al gobierno pagar un sueldo sin contrapartida a los pobres, que es el camino que desde la administración anterior se eligió.

Hay que señalar además el fracaso de este camino -repartir dinero- para combatir la pobreza. El gobierno, después de duplicar el gasto público en dólares y darles sueldos a los marginales, no llega a valores de pobreza o de distribución del ingreso, como los del 94. Esto debe hacer pensar que ya no basta con seguir haciendo de Robin Hood y acentuar un modelo que ha fracasado no solo en Suecia y otros países paradigmáticos del reparto castrador de iniciativas, sino aquí mismo, donde las cifras deberían hacer dudar sobre el camino elegido. Le pasa al gobierno que, además, quiere establecer una nueva ética de garabato, haciéndonos creer que quien no acepta que le saquen con impuestos para repartir su dinero entre los pobres, es una especie de mal hombre. Es otro error. El orden jurídico, por estar integrado por normas coercitivas, vuelve imposible el mérito ético derivado del cumplimiento de una imposición.

La justicia social arranca por el reconocimiento pleno de los derechos individuales, incluida la libertad empresarial, el derecho de propiedad y el de gozar de sus frutos. Sigue por los derechos políticos recogidos en general por el funcionamiento democrático. Y exige como supuesto básico para su ejercicio, una cierta disposición de los bienes materiales y los de la cultura. El gobierno, en lugar de mirar tanto a los primeros, sería mejor que velara por la educación, única forma a largo plazo de corregir la pobreza y la concentración. No se trata pues, de recaudar más para gastar aun más, aumentando el sueldo de los pobres, incluso sin reflexionar si eso es "lo suyo". En cambio, sí lo es acceder a los bienes de la enseñanza que con el 4,5 del PBI es la demostración más cabal, no solo de un fracaso sino de que dado el monto de nuestro gasto, los problemas derivan no de su cantidad sino de su calidad. Y por ende, más impuestos, además de injustos, pueden empeorar la situación, tanto la económica como la social.