¡Paren la mano!

Washington Beltrán Storace

Para la legislación uruguaya, los menores de edad que cometen delitos son, a partir de los 13 años, pasibles de medidas punitivas que llegan a la privación de libertad por un plazo máximo de cinco años. No es que se le considere imputable (el artículo 34 del Código Penal establece para ello la edad de 18 años), pero su conducta puede ser sancionada en base a la responsabilidad penal juvenil. El proceso es tramitado ante una jurisdicción penal especial (Juzgados Letrados de Adolescentes) y el lugar de reclusión son centros especiales, fuera de la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles.

El régimen, en la fría enunciación de las normas y en su comparación con la legislación de otros países, es severo. El problema es que los lugares para la rehabilitación y educación del menor infractor tienen puertas giratorias a su frente y, con la misma facilidad que se entra, se sale.

Bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, por ejemplo, significa que los menores sean considerados como adultos, que en caso de conductas delictivas pasen por la órbita de los Juzgados Penales y, cuando haya sentencia -o con el mero procesamiento- queden alojados en los Institutos Penitenciarios. Una vez allí, harán un formidable posgrado sobre delincuencia y aumentará su rencor y su encono con la sociedad. Si peligroso era cuando entró, al salir será temible.

¿Esa es la solución? Sinceramente no la veo por ese lado, pero lo peor es que tampoco veo nada por el lado del gobierno -esa Institución que el pueblo elige para que, entre otras cosas, dé solución a sus problemas más acuciantes- que apunte a dar respuestas a una realidad de violencia, sangre y muerte que sacude periódicamente a los uruguayos y que tiene como protagonistas principales a los menores de edad.

La sensación -tengo que quedarme con ella porque no tengo cifras- es que la incursión de los menores en el mundo del delito empezó de la mano de los adultos. Los delincuentes mayores los incorporaban a sus "rutinas" porque les servía que las culpas cayeran en inimputables. Pero con el paso del tiempo cobraron autonomía propia y empezaron a manejarse por las de ellos. Hoy no necesitan de nadie para crear sus propias bandas o actuando en solitario robar, rapiñar e incluso matar.

Es cierto que hoy la sociedad está impactada por los múltiples asesinatos del "Pelón", y una actuación judicial que nadie entiende ni a nadie convence (con la excepción de la Suprema Corte de Justicia), como antes los estuvo con las correrías del "Maikol" (un menor que registraba 58 entradas) en Paysandú cuando al intentar arrebatarle la cartera a una profesora de 27 años, madre de tres hijas, la tiró al pavimento y fue arrollada por un ómnibus que circulaba en la misma dirección. Pero también es muy grave como ha comenzado a funcionar el mecanismo de autodefensa de esta sociedad y la gente mata para sobrevivir. Si la familia Juani -última víctima del "Pelón"- o de Romina Severo -la del "Maikol"- están injustamente destrozadas, tampoco deben estar muy bien los ciudadanos que, obligados, enfrentaron a los malvivientes y los mataron. ¿Por qué un hombre honrado y de trabajo tiene que matar a un adolescente y, como viene la mano, deberá seguir matando? ¿Por qué debe morir ese joven?

Me viene a la memoria -con ayuda de esos canales de TV que pasan viejo cine- la escena de una película, "Los boinas verdes", que dirigió y protagonizó John Wayne, sobre la guerra de Vietnam. Propaganda política a un lado (buenos contra malos, sin matices) se trataba básicamente de un film de acción, con patrulla norteamericana hundida en la selva y enfrentada a la amenaza del Vietcong. En determinado momento un guerrillero de los "malos" era capturado por tropas "buenas" y ejecutado en el acto. Un periodista liberal que acompañaba la patrulla protestaba esa muerte a sangre fría: "¿qué pasó con el debido proceso legal"? Impasible, el "Duke" Wayne respondía con una frase que parecía surgir del lejano Oeste, desde el fondo mismo de su recio corazón fronterizo: "En este país, el único debido proceso legal es una bala".

El gobierno, tiene la mayoría absoluta y tiene la palabra. ¡Por favor, paren la mano! Los acuerdos interpartidarios de principios del año pasado incluían la creación de un "Instituto de Rehabilitación Juvenil". Va para largo, casi tan largo como la Reforma Constitucional propuesta por "Vamos Uruguay" para el año 2014. Y las soluciones hay que tomarlas ahora.

Si no hay lugares como la gente para la rehabilitación de menores, por lo menos que haya lugares seguros que impidan la continuación de sus desmanes. Así como vamos, no se reeduca a nadie ni tampoco se protege a nadie.

Estamos cada vez más parecidos a ese país del que hablaba el "Duke".