La Asamblea, a la que dominan de forma abrumadora los aliados del presidente Hugo Chávez, aprobó el proyecto de Ley de Instituciones del Sector Bancario, que cataloga la actividad financiera como un "servicio público" y prevé que las empresas y bienes que permitan el desarrollo de las actividades bancarias "serán consideradas de utilidad pública".
"Esta es una ley que prácticamente deja sin ninguna posibilidad a que el sector financiero pueda moverse hacia ningún lado... La banca queda contra la pared y con las manos arriba´´, dijo el diputado disidente del oficialismo, Ismael García, al rechazar la ley que consideró como "un paso previo hacia la estatización de la banca en Venezuela".
"Si bien es cierto que uno tiene que luchar contra la especulación en todos los órdenes, ésta es una ley que prácticamente allana el camino hacia una nacionalización de la banca´´, indicó García. El cúmulo de sanciones económicas apunta hacia la confiscación del capital de los bancos y podría generar problemas de solvencia, agregó.
El gobierno de Chávez ha realizado en los últimos tres años nacionalizaciones y expropiaciones masivas de empresas en los sectores petrolero, eléctrico, telefónico, agrícola, industrial, siderúrgico, inmobiliario y financiero como parte de un proceso para establecer en el país un modelo socialista.
La ley, que entrará en vigencia luego de su publicación en la gaceta oficial, además impuso al sector la prohibición de "otorgar préstamos para el financiamiento de servicios o bienes de consumo, por cantidades que excedan el 20% del total de su cartera de crédito".
Ejecutivos de los bancos privados, que controlan actualmente cerca del 70% del negocio financiero, no estuvieron inmediatamente disponibles para un comentario.
El diputado oficialista Ricardo Sanguino defendió el proyecto de ley y señaló que éste busca adecuar el sector bancario a los planes del gobierno y fortalecer la capacidad de acción de la Superintendencia de Bancos.
"Esta ley surge de una necesidad de lograr en Venezuela un sistema financiero responsable. Estamos poniendo orden para favorecer a los depositantes. Es malo que nosotros conduzcamos los recursos que deben destinarse para el financiamiento de las actividades productivas reales", dijo Sanguino a la prensa.
"Con esta ley estamos restringiendo la acción especulativa desmedida que han venido aplicando las instituciones financieras. No hay posibilidad alguna que una institución bancaria incurra en alguna irregularidad como en el pasado reciente", agregó.
En el último año, el gobierno ha intervenido unas trece instituciones financieras que presentaban problemas de liquidez y de solvencia, y que supuestamente incumplían las normas del sector.
Además, adquirió en 2009 el Banco de Venezuela, con lo que el Estado pasó a manejar cerca de 28% del negocio financiero local.
AP