Los funcionarios judiciales abrieron ayer un compás de espera en la aplicación de medidas de impacto en el Poder Judicial, ante la perspectiva de poder negociar sus reclamos presupuestales. En asamblea realizada frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), los funcionarios aprobaron por mayoría esta postura, dejando sin afecto la ocupación de esa dependencia, como se había alertado.
"Se resolvió hacer un compás de espera como parte de una negociación que hoy (ayer) se realizó con el senador (Héctor) Tajam y la senadora Lucía Topolansky, en la que ambos se comprometieron a abrir el capítulo del inciso 16 (Poder Judicial) del Presupuesto", dijo el dirigente Gustavo Signorelle.
La idea es discutir "sobre cómo se resuelven las inequidades salariales y cómo se afectan las partidas de gastos de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, y no de la forma que lo ha manejado la SCJ y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados", agregó.
El mensaje presupuestal para la SCJ establece para el quinquenio un aumento del 3,5% por encima de la inflación para todos los trabajadores, salvo los magistrados que recibirían un 6% extra.
Así, los auxiliares recién ingresados al Poder Judicial, que cobran $ 12.740, tendrían unos $ 500 de crecimiento de salario real. Un ministro de Corte, en tanto, cobra $ 125.000 mensuales.
Los trabajadores no quieren mayor presupuesto sino una redistribución de los porcentajes a partir de la conformación de un fondo común para ir eliminando las inequidades salariales.
Los valores de ajuste fueron considerados una "miseria" por varios trabajadores en la asamblea. Incluso, marcaron que de concretarse estos aumentos se deberían "tener cinco años" de conflicto. Algunos funcionarios plantearon aplicar medidas pese al inicio de una negociación.
Al final, la mayoría decidió posponer las medidas. Fuentes del gremio no descartan hacer un paro tras el inicio del diálogo y reactivar la posibilidad de ocupar la SCJ si la negociación fracasa.