Críticas a plan de liberación de presos

El diputado blanco Javier García se mostró "sorprendido" de que el gobierno insista con un plan de liberación de presos cuando todavía tiene a medio camino la aplicación de la ley de emergencia carcelaria, votada hace tres meses y que le otorgó US$ 14 millones hasta el 31 de diciembre para la construcción de nuevos centros penitenciarios y acondicionar unidades militares para alojar reclusos.

El Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia firmarán en los próximos días un acuerdo para poner en marcha un plan de liberación de presos. Los beneficiarios serán procesados por delitos leves, primarios con al menos dos años de la pena cumplida, enfermos terminales, mayores de 70 años que no hayan cometidos delitos de lesa humanidad y embarazas, entre otros. La intención es liberar al menos al 7% de los casi 9.000 reclusos que hay en Uruguay. Este plan será enviado al Parlamento en forma de proyecto de ley para su aprobación.

García dijo que el plan anterior de liberación de presos -la ley de humanización carcelaria del gobierno de Tabaré Vázquez- no tuvo "los efectos benéficos que se planteaba y sí reincidencias". El diputado blanco opinó que en lugar de liberar presos, el gobierno debería aplicar en su totalidad la ley 18.667 de emergencia carcelaria, que crea 1.500 cargos para la Dirección Nacional de Cárceles.

Recordó que hace dos meses una delegación del Partido Nacional recorrió las obras de la unidad militar de Punta de Rieles, que está siendo acondicionada como centro penitenciario. Allí está previsto alojar a unos 500 reclusos, pero las obras aún no están terminadas. Lo mismo la cárcel de Rivera, con 400 plazas, y la ampliación de la de Maldonado para 250.

"El Poder Ejecutivo tiene al alcance de la mano unas 2.000 plazas carcelarias que no habilita", dijo García.