S. CABRERA / D. ISGLEAS
La transformación de cargos de alta especialización en cargos de "particular confianza" política, entre ellos el de Auditor Interno de la Nación, provocó un debate a barras vacías sobre una "reforma del Estado al revés" y con ingresos "a dedo".
El soleado feriado invitaba más a pasear por la rambla que a seguir la tediosa votación del proyecto de Presupuesto quinquenal en su segunda jornada. Así, la carpa de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) estaba desierta ayer al mediodía y la discusión del Presupuesto transcurrió con barras vacías desde las 9 de la mañana hasta pasada la hora 16, cuando llegó al Parlamento una reducida delegación sindical encabezada por el dirigente Luis Bazzano.
Los cinco o seis sindicalistas estuvieron una hora en las barras y luego provocaron un "autodesalojo". "¡Y después piden los votos!", gritó uno de ellos a los diputados oficialistas, mientras se votaban los artículos de funcionarios públicos. Y el grupo se retiró.
Tras aprobar el Presupuesto en general por 52 en 92 (solo con votos del Frente Amplio y del Partido Independiente), también se sancionó todo el capítulo de funcionarios públicos y el ya célebre artículo 4, que establece que los funcionarios públicos tendrán un ajuste salarial anual asegurando el salario real, pero sin un segundo ajuste si la inflación supera el 10%. La oposición votó solo algunos artículos vinculados a una reforma del Estado, que definió como "la reforma al revés".
La polémica subió de tono cuando se votó el artículo 39, que transforma ocho cargos de "alta especialización y alta prioridad" en cargos de "confianza política: auditor de la Nación, director de la Propiedad Industrial, director del Museo Histórico Nacional, director técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE), inspector general de Trabajo, director técnico de Energía, director de Catastro y director de Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado del MPP Alejandro Sánchez justificó esa norma y dijo que se fundamenta en los criterios de "transparencia y cristalinidad", ya que los cargos mencionados "siempre fueron de confianza política" y las administraciones anteriores lo ocultaban. "Hay que ser valientes y transparentar", apuntó.
CRÍTICAS. Los diputados de la oposición hicieron cola para responderle a Sánchez. El diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini dijo que hay "una reforma del Estado al revés" (término que fue repetido por otros diputados) y que el auditor interno de la Nación "debe ser un técnico y no uno del comité".
Su compañero Javier García afirmó que la reforma "saca profesionales y pone políticos". Y puso ejemplos: "¿El director del Museo Histórico Nacional debe saber de historia o debe ser del Frente? ¿El director del INE debe ser un técnico en estadística o votante del Frente? Así se empezó en Argentina hace pocos años, poniendo militantes políticos que dibujaban las estadísticas".
El diputado blanco Pablo Abdala habló de la "politización de la administración" y leyó declaraciones del ex subdirector de OPP Conrado Ramos muy críticas con la reforma estatal, publicadas el domingo por El País. Su compañero José Carlos Cardoso sacó conclusiones de las explicaciones de Sánchez: "No quieren cambiar un estilo de hacer las cosas, sino transparentarlo. No hay cambio, no hay reforma". Cardoso aseguró con respecto a la reforma que "la montaña parió un ratón" y que "la creatividad" de un "revolucionario" como el presidente José Mujica fortaleció la estructura estatal.
ADSCRIPTOS. Luego Sánchez aclaró que esos cargos de confianza política "siempre fueron a dedo", pero dijo que la reforma estatal es mucho más amplia que el artículo polémico. También afirmó que la administración del Frente se caracterizó por el ingreso de funcionarios por concurso, lo que generó risas de la oposición.
Luego que la presidenta Ivonne Passada pidiera silencio, Sánchez dijo que en intendencias blancas no hay concursos. Puso como ejemplo que en Soriano ha habido 463 designaciones directas, en Tacuarembó 167 y "en Montevideo cero".
El diputado colorado Germán Cardoso le reclamó que, "si es valiente, diga la verdad entera". Cardoso lo acusó de "amnesia temporal": aseguró que en Salto el Frente hizo "960 ingresos a dedo" y en Canelones "más de 1.000. En esos departamentos "la gente entró por simpatía al comité de base".
El diputado salteño del Partido Nacional Rodrigo Goñi agregó leña al fuego y afirmó que "en Salto el organigrama de la intendencia se parece a un árbol genealógico".
Por la tarde, la polémica por la creación de cargos y la reforma estatal recrudeció. Gandini sostuvo que con lo que se destina para que los ministros contraten adscriptos -US$ 16 millones en cuatro años- se podrían construir 16 liceos.
Gustavo Cersósimo, diputado colorado, apuntó que el gasto es "un exceso injustificado".
Luego, Cardoso cuestionó al gobierno al sostener que "perdió la batalla con COFE" en cuanto a que la incorporación de adscriptos hace que "se gobierne reclutando del aparato partidario". La asignación según el Presupuesto promedia US$ 20.000 por mes por ministro.
Un caso de doble sueldo en el Estado
La contratación de un funcionario -compartida por la subsecretaria de Educación y Cultura, María Simon, y el vicepresidente de UTE, César Briozzo- fue cuestionada por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), de acuerdo a lo que afirmó ayer en sala el diputado herrerista José Carlos Cardoso.
Mientras se trataba el capítulo del presupuesto sobre reforma del Estado, Cardoso hizo pública la respuesta de la ONSC a un pedido de informes en el que el diputado preguntaba si es legal que el vicepresidente de UTE haya contratado como asesor a un funcionario que a su vez tiene un contrato cachet en la subsecretaría de Educación. Cardoso mencionó, además, que los dos jerarcas son marido y mujer.
Servicio Civil respondió al pedido de informes que "la situación se encuentra alcanzada por la prohibición de acumulación prevista en la ley 11.923 votada en el año 1953".
"Simon y el vicepresidente de UTE tienen el mismo secretario, que trabaja seis horas en cada lado. Pero desde 1953 hay una ley que prohíbe tener dos contratos públicos", advirtió Cardoso.
"Los jerarcas políticos deben entender el proyecto político", dijo el diputado blanco.
El oficialismo no respondió a la información proporcionada por Cardoso.
"No orinen contra el viento"
HOSPITALEs. "¿Cuántos de ustedes se atienden en los hospitales de ASSE?", preguntó varias veces el diputado herrerista José Carlos Cardoso a los del Frente Amplio. Tanto insistió que al final dos diputados del Frente Amplio se dieron por aludidos. El comunista Hugo Dávila (Artigas) mostró su carnet de ASSE y Guzmán Pedreira (Espacio 609, Flores) levantó la mano. Pedreira va a Salud Pública "por convicción" y allí nació su hija, dijo a El País. Dávila se atiende en el hospital de Bella Unión.
FALTAs. Ayer más de 20 diputados pidieron licencia por "motivos personales" y no asistieron a la discusión del Presupuesto, sin contar a los que pidieron licencia por enfermedad, los que están en misión oficial o tareas encomendadas por la cámara.
ORINa. "No orinen contra el viento porque se pueden mojar", dijo el diputado frenteamplista Carlos Gamou ante las críticas de la oposición al artículo 4° del Presupuesto sobre salario para los estatales. Gamou provocó risas en sus compañeros y rechazo de los blancos por el "bajo nivel" de su intervención.
PERSONAJE. Sobre el cierre de la sesión, el diputado Cardoso criticó al presidente José Mujica por su "doble discurso", cuando en el Presupuesto propone un aumento de sueldo a los ministros y, a la vez, en un discurso afirma que hay que bajar ese sueldo un 15%. "Queda como un duque con la gente, que cree que el presidente es un genio y le bajó el sueldo a los ministros. Ese doble discurso es insoportable. Se tienen que desdoblar Pepe el personaje, y el presidente", dijo.
Debate sobre las políticas de los 90
La comparación entre el gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle y las administraciones frenteamplistas salió a flote ayer durante la discusión del Presupuesto.
"Hay quien decía `ellos (los funcionarios) hacen como que trabajan, yo hago como que les pago`", afirmó el socialista Gustavo Bernini, que se refería a una frase que se le adjudica al ex presidente Lacalle.
"Eso sí era un desprecio a la función pública", argumentó Bernini.
El herrerista José Carlos Cardoso también miró hacia atrás: dijo que en los años 90 "gastábamos en educación un peso cada cuatro del gasto público" y "al final de este gobierno se llegará a 0,90 cada cuatro pesos".
El socialista Julio Bango le contestó que, "en plata", este gobierno y el pasado son "los dos que invirtieron más" en educación.
Cardoso dijo que el gobierno de José Mujica toma parte de la herencia "bendita" de los años 90, al fortalecer los centros CAIF y escuelas de tiempo completo, instrumentos creados en esa época. El frenteamplista Carlos Gamou, en tanto, recordó "que en esos años que estaba de moda Fukuyama, el neoliberalismo y las privatizaciones, se decía que hay que esperar que la torta crezca para repartir". Pero "la torta se desinflaba y repartían miseria", concluyó.
Los frenteamplistas hicieron hincapié en que, por primera vez, se asegura que los funcionarios tendrán ajustes de sueldo que mantenga el salario real. Pero blancos y colorados hablaron de una "involución" salarial y recordaron que se deroga una norma de 1997 que establece un segundo ajuste al año si la inflación supera el 10%.