Ley de secreto bancario: hay acuerdo entre FA y Alianza

Sebastián Cabrera

El Herrerismo se desmarcó del acuerdo entre el gobierno y Alianza Nacional sobre el proyecto de ley de levantamiento del secreto bancario, y no votará los artículos que gravan los depósitos en el exterior, aunque sí el resto del texto.

En un diálogo informal y sin versión taquigráfica, los senadores de la comisión de Hacienda avanzaron ayer en el acuerdo que había conversado inicialmente el Ejecutivo con el presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.

El Frente Amplio aceptó varios planteos de Alianza Nacional presentados en un borrador por el senador Eber da Rosa, que busca darle más "garantías" al levantamiento del secreto bancario: la creación de juzgados especializados en materia tributaria, el pronunciamiento expreso del juez sobre el levantamiento del secreto a pedido de la DGI (y no una resolución tácita), ciertas condiciones bajo las cuales la DGI puede hacer el pedido, así como determinadas garantías procesales vinculadas al Código General del Proceso.

Además, se establecerá un plazo de 60 días para que el juez se pronuncie y otros 60 días en la apelación. Está en discusión si la apelación tendrá efecto suspensivo en el levantamiento del secreto: el Frente aún debe dar el visto bueno.

En los hechos, se trata de un acuerdo con Alianza Nacional y tal vez Correntada Wilsonista. El Herrerismo, en tanto, acompañaría los artículos sobre secreto bancario, pero no la disposición de que se grave con impuesto a la renta los depósitos en el exterior.

Eso se debe a que el Frente descartó ayer la propuesta del senador herrerista Luis Alberto Heber de que se exonere de IRPF a los intereses de los depósitos en el exterior cuyos recursos no sean generados en Uruguay. Así, solo se gravaría los intereses de las colocaciones en el exterior "de fuente uruguaya".

Heber también planteó que los extranjeros residentes en Uruguay no paguen IRPF por los depósitos en sus países, de modo que no haya "una traba" para quienes vienen a radicarse.

El oficialismo mantendrá el concepto de "renta mundial" y no "territorial", aunque podría haber retoques en la redacción, dijo a El País el presidente de la comisión, Carlos Baráibar. El senador del MPP Héctor Tajam agregó que "no es posible" aplicar la propuesta herrerista, ya que "es prácticamente imposible hacerle trazabilidad al capital" para gravar solo lo que se genere en Uruguay y porque "se trabaja sobre fuente de la renta (los intereses) y no del capital (el depósito en sí)".

Heber dijo a El País que si se "abandona el criterio territorial", Uruguay "cede a las presiones de las grandes potencias". Si eso se confirma, su sector no acompañará los cambios vinculados al IRPF.

Los colorados tampoco votarán el capítulo dedicado al IRPF en el entendido de que "afecta las libertades" y "no hay forma de controlar que la gente pague", argumentó el senador José Amorín. Tampoco apoyarán las "potestades" para que la DGI pida el levantamiento del secreto, aunque -si hay "garantías suficientes"- podrían dar los votos para el levantamiento del secreto pedido por una autoridad tributaria extranjera, en función de los tratados de doble imposición.

CAMBIOS. Uno de los puntos de acuerdo es que se "desglose" del proyecto lo referido al Impuesto al Patrimonio sobre los depósitos en el exterior.

Además, el proyecto de ley dirá que cuando la DGI pida el levantamiento del secreto bancario por cuestiones de fraude, se irá a la Justicia penal. Allí se elimina la resolución ficta del juez en 30 días y habrá una "resolución expresa" del juez en un plazo de 60 días.

El Frente Amplio aceptó las propuestas de Alianza Nacional sobre las razones por las que el juez debe aprobar el pedido de la DGI de levantar el secreto bancario: cuando "se hayan acreditado actos, hechos u omisiones del contribuyente que hagan presumir razonablemente la ocultación de activos o ingresos con el propósito de omitir el pago de tributos y/o la tipificación de infracciones".

Lo mismo cuando hay "solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, en el marco de convenios internacionales ratificados por la República", dice el texto.

También está acordado que estos casos vayan a un juzgado en lo contencioso tributario, pero no se descarta que los casos se tramiten en juzgados en lo contencioso administrativo.