Eduardo Barreneche
El Parlamento aprobó una ley que aumenta de 48 a 72 horas semanales las salidas transitorias de los presos. Se sumará a medidas del gobierno como el inicio de un censo carcelario y un proyecto de ley que habilita el uso de tobilleras electrónicas.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que unos 1.000 de los 9.100 presos gozan del beneficio de salidas transitorias.
La nueva ley establece que el magistrado de la causa podrá otorgar hasta 72 horas semanales al recluso por "razones fundadas" y agrega que, durante su análisis, el juez deberá tener en cuenta la naturaleza de la actividad que desarrollará el preso.
"Se trata de darle la posibilidad a los reclusos de aumentar su horario laboral y educativo para facilitar su inserción en la sociedad", explicó a El País el senador comunista Eduardo Lorier.
Una opinión similar manifestó el nacionalista Francisco Gallinal, quien ayer fue el miembro informante del proyecto en la sesión del Senado.
"Estoy de acuerdo con esta iniciativa. Se trata de un régimen excepcional de salidas transitorias, ya que son autorizadas por el juez. Le abre al recluso una ventana de esperanza, ya que le permite estudiar o trabajar bajo determinadas condiciones de seguridad", señaló Gallinal.
Para el senador de la CAP-L, Juan Carlos Souza, este proyecto facilita la reinserción social de los internos. "Es parte de la política de inclusión social de este gobierno", indicó.
La norma, que deroga un decreto-ley de 1975, habilita a los magistrados a otorgar salidas transitorias por los siguientes motivo: afianzar y mejoras los lazos familiares; gestionar un empleo, alojamiento, documentos u otros (trámites) ante la proximidad del egreso. Además de facilitar el trabajo del preso, la ley permite que el juez otorgue salidas a los internos para que asistan a cursos en establecimientos educativos o culturales públicos o privados bajo la supervisión del cuerpo docente de la institución en que se encuentran recluidos.
En los casos de estudio, el horario podrá exceder las 72 horas semanales, puesto que la salida transitoria deberá ser compatible en el tiempo con el trabajo o actividad de que se trate, teniendo en cuenta además el traslado y regreso.
En materia de seguridad, la norma plantea que los presos que reciban estos beneficios podrán concurrir a centros de estudio o lugares de trabajo acompañados por un policía que, "en ningún caso" irá uniformado. Los internos también podrán optar por salir en libertad provisional con la garantía de un familiar o persona responsable o bajo una declaración jurada.
CENSO. El Ministerio del Interior finalizó la clasificación de reclusos en la cárcel de Rocha, constituyéndose este en el primer establecimiento del país donde se realizó un censo penitenciario, indicaron fuentes gubernamentales. El plan ministerial es hacer esta clasificación en todas las cárceles.
Mediante este censo, el Ministerio del Interior podrá separar a los presos entre procesados y penados, así como separarlos de acuerdo a su perfil criminológico: rapiñeros, ladrones y narcos. Además, aventará críticas de organismos de derechos humanos internacionales que cuestionaban a Uruguay por alojar en una misma celda a un preso primario junto a un experimentado delincuente.
Según las fuentes, también se utilizará el criterio criminológico para seleccionar los reclusos penados del Comcar que serán trasladados a la nueva cárcel de Punta de Rieles antes de fin de este mes.
Dentro de 15 días, la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados comenzará a tratar un proyecto de ley sobre medidas alternativas a la prisión, entre las que se encuentra la utilización de tobilleras o pulseras electrónicas, dijo a El País el diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico. Estas pulseras podrán establecer la ubicación del preso gracias a un GPS.
Este tema fue acordado en la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública.
MILITARES. El coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado, Alberto Couriel (Espacio 609) dijo a El País que en los próximos días ingresará al Parlamento un proyecto de ley que habilitará que soldados realicen custodias perimetrales y controlen los ingresos en todas las cárceles del país.
Las fuentes ministeriales indicaron que unos 600 soldados se encargarán de esta tarea. La iniciativa establecerá mejoras salariales de hasta un 50% para esos efectivos militares.
Apoyo a plan de cárceles
El 45% de los uruguayos está de acuerdo con las iniciativas planteadas por el gobierno sobre el sistema carcelario, según una encuesta de Equipos Mori divulgada anoche en Subrayado de Canal 10. Sin embargo, "una parte importante de los uruguayos (40%) no ha tomado aún posición, o ni siquiera ha escuchado hablar de estas medidas", señaló el politólogo Ignacio Zuaznábar.
Hay medidas con amplia mayoría: el 71% apoya que se permita la reclusión domiciliaria a mujeres embarazadas; el 63% también la acepta para presos con enfermedades graves y el 61% para madres recientes. Asimismo, el 56% es partidario de la reclusión domiciliaria de los reclusos mayores de 70 años.
La encuesta muestra apoyos menores para las libertades anticipadas: liberar a presos con 60 días o menos para el fin de su condena es rechazado por el 47% y apoyado por el 42% y la libertad anticipada de delincuentes primarios menores de 28 años es rechazada por el 48% y aceptada por el 42%.