Condena de UE a expulsión de gitanos

BRUSELAS | Una Comisión Europea toreada durante semanas por el gobierno de Nicolas Sarkozy a propósito de las repatriaciones de gitanos rumanos y búlgaros de Francia, anunció ayer la apertura de un procedimiento sancionador que en su caso extremo podría sentar a Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La acusación: violar la legislación europea que prohíbe la discriminación por nacionalidad, raza o religión. "En Europa no hay lugar para la discriminación por motivos étnicos o raciales", tronó la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, al día siguiente de que el secretario francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, crecido y seguro de sí mismo, dijera que no toleraba que la Comisión tratara a Francia como si fuese un párvulo. "Francia es un gran país. Somos el país fundador de los Derechos Humanos. No permito que se nos trate como a niños. Francia no está ante un tribunal", bramó el lunes Lellouche, que midió mal sus fuerzas ante la Comisión.

"¡Ya basta!", declaró ayer Reding, en un discurso de una dureza inusual, en el que implícitamente acusó al gobierno del presidente Nicolas Sarkozy de haberle mentido al asegurar que su política de repatriaciones no va dirigida contra ningún grupo étnico. "Es una vergüenza", cargó, refiriéndose a la "contradicción" entre las "garantías" ofrecidas por París sobre el cumplimento de la ley europea y la existencia, dada a conocer el lunes, de una circular en la que el gobierno ordenaba evacuar los campamentos ilegales, "con prioridad" los de gitanos.

"La discriminación por motivos de raza o etnia no tiene lugar en Europa", reafirmó Reding, que dijo tener motivos suficientes para dudar de la legalidad de la política francesa y anunció que pedirá la apertura de un procedimiento de infracción de la legislación europea, que podría iniciarse en dos semanas.

En concreto, la comisaria de Justicia solicitará al presidente de la Comisión Europea abrir un procedimiento contra Francia, que podría acabar ante la justicia europea, por haber adaptado de forma insuficiente la directiva comunitaria que garantiza la libre circulación a los ciudadanos de la UE y aplicarla "discriminatoriamente".

EL PAÍS DE MADRID Y AFP