EDUARDO BARRENECHE
Desde tiendas socialistas se entiende que un sector del MPP -el MLN y otros grupos- usan el caso Gonzalo Fernández como forma de alinear al Partido Socialista tras las políticas del gobierno, dijeron a El País fuentes de ese sector.
"Como hay problemas entre el MPP y el PCU, se nos quiere quebrar el cerviz y obligarnos a acatar todo", explicó un dirigente socialista. En menos de cuatro meses, el Partido Socialista se opuso a una serie de planteos lanzados por Mujica o por hombres de su entorno.
A principios de abril de este año, el presidente José Mujica dejó entrever la posibilidad de liberar a los presos militares alojados en la cárcel de Domingo Arena que tuvieran más de 70 años.
El Partido Socialista, al igual que Asamblea Uruguay y otros sectores, emitió una declaración muy dura rechazando ese planteo. Finalmente, Mujica dio marcha atrás y ese proyecto de ley no se envió al Parlamento.
Otro tema que generó controversias entre el gobierno y el Partido Socialista fue la disminución de la imputabilidad de los menores.
En un momento el gobierno sugirió que estaba dispuesto a realizar esa concesión largamente solicitada por la oposición. Sin embargo, los socialistas marcaron su posición contraria y el tema quedó en el olvido, indicaron las fuentes.
El tercer tema que generó fricciones entre el gobierno y el Partido Socialista surgió en julio de este año. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi planteó que, entre los criterios para otorgar liberaciones masivas de presos, se encontraban los presos primarios que no tuvieran antecedentes como menores. Ello determinaba que el gobierno modificara el artículo 222 del Código de la Niñez que obliga al Estado a eliminar los legajos de los adolescentes infractores.
El Partido Socialista consideró que en Uruguay existe un sistema penal juvenil que debe aplicarse de la mejor forma que ahora y señaló que en las cárceles hay 9.000 presos hacinados.
La guardia militar en las cárceles también enfrentó al MPP con los socialistas. La falta de policías llevó al gobierno a plantear que los militares custodiarán el perímetro del penal y fiscalizarán el ingreso de la cárceles, inclusive revisarán a policías.
Según las fuentes, desde el gobierno se pretendió que los militares también brindaran seguridad adentro de las cárceles, lo cual generó la oposición de los socialistas. Estos sólo apoyaban que los militares realizaran guardias perimetrales de los penales, indicaron las fuentes.