La sombra intolerante

Caza de brujas es la frase con que suele definirse a la represión que ciertos gobiernos ejercen sobre quienes discrepan con sus postulados. Un famoso ejemplo al respecto se conoció en Estados Unidos bajo la denominación de macarthismo, operativo anticomunista iniciado en plena cresta de la Guerra Fría a fines de los años 40 por el Comité de Actividades Antinorteamericanas en la Cámara de Diputados, que desde 1950 fue encabezado sin embargo por un senador, Joseph McCarthy, de donde viene su nombre. Bajo esa fachada se persiguió a mucha gente, notoriamente a figuras del cine y la televisión, obligándolas a menudo a renunciar a sus carreras o a exiliarse. Como curiosa coincidencia, en la misma época y en el Congreso argentino surgió la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, comandada por el diputado peronista Emilio Visca, con similar cometido de acosar a los opositores del régimen, en especial a los diarios que mantenían actitudes críticas frente al poder.

Así en 1951 se expropió el gran matutino La Prensa, pero antes ya se había restringido para los demás periódicos (La Nación y Clarín, entre ellos) el uso de papel, imponiéndoles ediciones diarias de apenas seis páginas bajo una presión oficial casi asfixiante. Ese episodio de intolerancia y autoritarismo, fue un caso de macarthismo argentino que caracterizó al primer período de gobierno de Juan Domingo Perón, donde también hubo numerosas celebridades que marcharon al exilio. Sesenta años después, bajo otro período peronista, la historia se repite, condenando a volver a vivirla a quienes no saben, no quieren o no pueden recordar el pasado. En estos días lo demuestra la arremetida del gobierno argentino contra la empresa Papel Prensa, una compañía mixta con participación del Estado pero de mayoría privada, que provee de papel a gran parte de las publicaciones del país.

La historia también se repite en algunas actitudes inamistosas de ese país frente al Uruguay, porque abarcan el viejo control policial que a partir de 1950 debía acatar todo viajero uruguayo en comisarías de Buenos Aires, hasta las trabas a los argentinos que quisieran viajar al Uruguay. De allí se pasa a la solidaridad presidencial de estos últimos años con los piquetes entrerrianos que cortaron los puentes hacia Uruguay entre 2006 y comienzos de 2010, aunque hace tres días han vuelto a hacerlo. El pasado y el presente del peronismo se miran en el mismo espejo si se compara -por ejemplo- el desempeño del diputado Visca a fines de la década del 40, con los desplantes actuales del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tratando de imponer por la fuerza la voluntad gubernamental. Y todavía otra historia se repite en ciertas actitudes políticas frente al Poder Judicial, desde la destitución en 1947 de ministros de la Corte Suprema hasta la manipulación actual del Consejo de la Magistratura.

Pero las autoridades argentinas no sólo establecen coincidencias a través del tiempo que serían un festín si hubiera un moderno Plutarco para ampliar las vidas paralelas, sino que también incurren en contradicciones. Mientras cuestionan los títulos de propiedad de Papel Prensa por parte de dos empresas periodísticas, aludiendo a la circunstancia política que rodeó en 1976 su compraventa, invocan la defensa -a nivel local y ante tribunales internacionales- del Estatuto del Río Uruguay, firmado en febrero de 1975 por el régimen militar uruguayo y de parte argentina por el canciller Alberto Juan Vignes, "afín a las ideas de José López Rega" y por lo tanto aliado de la embestida de terror que ese dirigente justicialista encabezó con la "Triple A" durante la presidencia de la tercera mujer de Perón. Los mismos argumentos de orden político que le sirven al actual gobierno argentino para desacreditar una operación de compra entre particulares, deberían ser útiles a sus enfoques de aquel período para objetar un tratado binacional que no se suscribió en condiciones irreprochables, por cierto.