Participar y decidir

Pablo Da Silveira

Uno de los argumentos más frecuentes a favor de la participación ciudadana consiste en decir que la intervención constante y directa en los procesos de decisión pública tiende a mejorar la calidad de lo que se resuelve. Cuanto mayor sea el involucramiento ciudadano, mejores serán los resultados. Cuanta menos participación exista, peor será el contenido de lo que se decida.

Esta expectativa, que tiene respetables antecedentes en el pensamiento político, parece haber sido asumida como una verdad por quienes definen la orientación ideológica de los gobiernos frentistas. De allí la insistencia en los presupuestos municipales participativos o en los consejos de participación en la enseñanza. Pero el problema es que los hechos se resisten a confirmarla. Lo que la experiencia muestra es que, lejos de mejorar la calidad de las decisiones públicas, los ámbitos de participación tienden a deteriorarla. Esto ocurre al menos de tres maneras diferentes.

En primer lugar, los ámbitos de participación directa alientan la confusión entre la mayoría aritmética y la mayoría movilizada. Como la mayoría de quienes están presentes en una asamblea o en una concentración callejera respalda cierta posición, se asume que la mayoría de la población también lo hace. Pero esta correspondencia es casi siempre ilusoria. Los grupos movilizados suelen tener opiniones más enérgicas e ideologizadas que el total de la ciudadanía, de modo que rara vez son representativos del conjunto.

En segundo lugar, los ámbitos participativos no suelen ofrecer las mejores condiciones para un examen sereno de los asuntos. Lo normal es que se resuelva en caliente, a partir de información incompleta que se recibe en el momento y bajo el influjo de emociones fuertes. Este fue uno de los principales argumentos esgrimidos por los padres del sistema representativo. Para todos ellos, la representación política (y en especial el legislativo bicameral), ofrece mejores oportunidades para un procesamiento cuidadoso y bien informado de las cuestiones comunes, siempre y cuando los ciudadanos estén atentos al desempeño de sus representantes.

Por último, los espacios asambleísticos suelen ser ambientes emocionalmente cargados, que se prestan con facilidad a los operativos de intimidación y manipulación. En ese clima, las cosas se hacen especialmente difíciles para quienes están en minoría. Cualquier posición disidente puede ser descalificada mediante lo que suele llamarse un "argumento ad populum", es decir, mediante una apelación ruidosa a la mayoría. Sólo quienes tienen mucha fortaleza psíquica y gran dominio del lenguaje son capaces de enfrentar situaciones semejantes. Para los demás, estar en minoría se vuelve sinónimo de permanecer en silencio.

Este conjunto de mecanismos opera contra la calidad y la representatividad de las decisiones. Pero hay además otro problema: aun en el caso de que se consiga instalar espacios de participación que funcionen razonablemente bien. ¿Cómo pasar de allí a instancias de decisión más generales sin que se pierda la eventual riqueza de lo conversado?