El endeudamiento de las intendencias con UTE es un problema casi endémico. Ya en el año 2003 era motivo de inquietud a nivel del Congreso de Intendentes. En esa época las deudas por el servicio de alumbrado público se elevaban a $ 840 millones (unos 30 millones de dólares al cambio de ese año).
Quince intendencias tenían retrasos. La mayor incumplidora era Rocha, que arrastraba una deuda de $ 95 millones, en tanto Montevideo debía $ 70 millones pero había firmado un convenio con el ente para refinanciar los pagos.
Las intendencias deudoras sin convenio eran Rocha, con el monto ya reseñado; Paysandú ($ 85,4 millones), Rivera ($ 48,3 millones), Tacuarembó ($ 45,4 millones), Cerro Largo ($ 40,5 millones), Durazno y Florida ($ 36 millones cada una) y Flores ($ 25 millones).
Rocha, con un consumo de electricidad similar al de Tacuarembó, había generado el doble de deuda.
Por otra parte, las cuatro Intendencias de todo el país que pagaban al contado y no mantenían deudas con UTE eran Maldonado, Lavalleja, Soriano y San José.
En 2003, las 19 intendencias consumían más de dos millones de dólares por mes en electricidad. Según afirmaban dirigentes del sindicato AUTE, si las comunas pagaban sus deudas, era posible "bajar las tarifas al común de los usuarios".