Los proveedores de la Armada recargan los precios porque el Estado demora en pagar. La justicia de crimen organizado comenzará ahora a indagar sobre la compra, en 2008, de 16 lanchas patrulleras para los "cascos azules" en Haití.
Esa explicación, que suele ser común a otras áreas del Estado, la dieron los hermanos Gustavo y Daniel Trocki -titulares de cinco empresas proveedoras de la Armada- poco antes de abandonar el país con rumbo desconocido, cuando desde el Ministerio de Defensa Nacional se investigó la compra de 16 lanchas patrulleras a la firma estadounidense Boston Whaler, que ellos representan.
Según la información que se vertió en el Parlamento en el año 2008, cuando la oposición cuestionó al gobierno por ese negocio, la Armada pagó sobreprecios -el triple de su valor, según algunas fuentes- por la compra de esas embarcaciones. Además, en la instancia parlamentaria se cuestionó la elección del proveedor dado que había otros oferentes con mejores precios y equipamiento más apropiado para desplegar en las costas de Haití en el marco de la misión de las Naciones Unidas para la lucha contra el narcotráfico.
La Armada cerró el negocio por las 16 lanchas en un monto de US$ 6,2 millones que, como no se disponía de ese dinero, se pagó con un préstamo del Banco República.
El propio ministro Luis Rosadilla aseguró el viernes que de la investigación administrativa sobre el conjunto del manejo de fondos de ONU surgen conclusiones que envió a la Justicia.
Los responsables de la investigación administrativa sobre el manejo de los fondos de ONU recomendaron en sus conclusiones al ministro Rosadilla que se profundice la investigación porque la empresa proveedora de las lanchas -que se está investigando por otra compra- "dice que efectivamente recarga el precio porque la Armada se retrasa mucho tiempo en los pagos", indicó el ministro.
"Entonces pusimos bajo lupa todas las compras -no solo el tema de las lanchas- que se le hicieron a esa empresa o a las empresas asociadas a ésta (porque en este caso cinco pertenecen a las mismas personas) para saber si ese es un fundamento que efectivamente se realiza o es una salida para una compra en la que se le preguntó por sobreprecios que parecían claros", añadió el ministro.
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso entregó a la jueza Graciela Gatti, especializada en crimen organizado, el resultado de la investigación que realizó sobre la compra de las lanchas patrulleras en 2008 a la empresa estadounidense, operación en la que aseguró que se pagaron sobreprecios a los proveedores, que son los hermanos Trocki, a quienes la Justicia ya indaga por coparticipación en las compras ficticias que terminaron hace unos días con varios oficiales de la Armada procesados.
Defensa solicitará al Tribunal de Cuentas que en seis unidades ejecutoras de las diez que hay en la cartera se haga un estudio sistemático del tercer año de cada gobierno a partir de recuperada la democracia, es decir en 1987, en 1992, en 1997, en 2002 y en 2007.
La idea es estudiar cómo funcionaban las administraciones en el tercer año de cada gobierno y extraer las fortalezas y las cosas buenas que cada una de las administraciones haya aportado, y evitar cada una de las debilidades que esas administraciones puedan haber tenido.
"Se estudiará el sistema de control, el registro, las adquisiciones, las licitaciones y luego se aplicará a todas las unidades ejecutoras el que sea más eficaz", sostuvo Rosadilla.
Se acabó la nafta
El ministro Luis Rosadilla puso punto final a una práctica llevada a cabo en la Armada, al menos, desde 1965: la entrega de vales de combustible gratis al personal superior. Hasta ahora se daban cuatro vales mensuales de $ 500 a los capitanes de navío, tres vales por mes a los demás oficiales y otros dos vales por $ 500 a los suboficiales de la fuerza naval.
VARIOS CASOS EN LA JUSTICIA
La justicia de crimen organizado tiene varios asuntos de la Armada en carpeta. Uno de ellos es el manejo de la cuenta en el Dresdner Bank de Alemania. Son fondos de la ONU.
Se investiga la compra de lanchas patrulleras para Haití también con fondos de ONU. Hay denuncias de que se pagaron sobreprecios a una empresa de los hermanos Gustavo y Daniel Trocki.
Una maniobra recientemente descubierta por la cual hubo otras dos compras ficticias de elementos para la Armada por un valor total de US$ 300.000. En este caso el sistema empleado es el mismo que el de la supuesta compra de una grúa y un banco de prueba de motores.
Se detectó una maniobra en la Subprefectura de Piriápolis, perteneciente a la Armada, por la utilización de vales de combustible.
Otra nueva situación se descubrió en el complejo deportivo de la Armada, donde se denunciaron irregularidades referidas a la utilización de ese complejo con fines privados por personas, oficiales y empresas.
Una investigación interna del Ministerio de Defensa constató que hay una red de personas que trabajaba para proveedores de la Armada. Son familiares de oficiales superiores de la fuerza. Esta situación puede tener vinculación con otro caso que indaga la justicia.