DANIEL ISGLEAS
El encargado de despacho de la Armada, Hugo Viglietti, envió un fuerte mensaje a la interna de la fuerza, en el que anticipó que los jerarcas de oficinas donde hubo irregularidades deberán "asumir responsabilidades".
La Armada está en "crisis" por la "conducta desviada" de oficiales que "mancillaron el uniforme", advirtió el encargado de despacho del Comando de la Armada, Hugo Viglietti, durante la primera ceremonia pública que encabezó luego de que el martes 10 sustituyera al ex comandante en jefe renunciante, Óscar Debali.
El almirante Debali, un oficial muy respetado dentro de la fuerza, renunció en medio del escándalo sobre compras ficticias y la irregular administración de los fondos de Naciones Unidas, situación que ya tiene algunos casos en manos de la Justicia Militar.
Debali dejó el cargo luego que su sobrino Ernesto Menafra, teniente de navío de la reserva, fuera procesado por maniobras con tarjetas de teléfonos celulares institucionales.
Ante los cuatro contralmirantes en actividad responsables de las grandes áreas en que se divide operativamente la Armada -Alberto Caramés, director de Personal naval; Federico Lebel, jefe del Estado Mayor naval; Manuel Burgos, comandante de la Flota; y Leonardo Alonso, director de Material Naval-, así como decenas de oficiales superiores, todos formados a orillas del río Santa Lucía en la subprefectura de Santiago Vázquez, Viglietti ordenó que trasmitieran a sus subordinados que si se confirma el involucramiento de otros oficiales en hechos ilícitos van a ser castigados severamente en lo profesional, independientemente del resultado de las actuaciones judiciales.
"La Justicia actuará, está actuando, y de confirmarse que otros integrantes (de la Armada) usaron en su provecho dineros que tanto necesitaban nuestras viejas unidades, sin duda pagarán por ello", subrayó Viglietti.
El actual titular de la Armada aseguró también que los jerarcas que ocuparon cargos de conducción en los comandos durante estas maniobras fraudulentas serán responsabilizados por esos actos. Ellos deberán "asumir las responsabilidades que como militares (...) correspondan", dijo.
FRÍO. Sus palabras cortaron la fría mañana invernal y motivaron algunas reacciones gestuales de incomodidad por parte de algunos de los máximos jefes navales. Los contralmirantes Burgos y Lebel han sido mencionados en los interrogatorios judiciales que lleva adelante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti. Ambos fueron jefes del Estado Mayor naval durante la época en que se llevaron a cabo algunos de los hechos que la Justicia investiga en la actualidad.
Los actos de corrupción descubiertos son "injustificables", dijo Viglietti, y reconoció que le causaron "dolor" y "sorpresa".
El primer acto público encabezado por el contralmirante Viglietti sirvió para reconocer a los marineros Gustavo Castrillón y Juan Almada, de la subprefectura de Santiago Vázquez, por haber participado en el salvataje de una familia compuesta por tres menores y dos mayores durante una inundación en Santiago Vázquez en 2009.
El hecho tuvo repercusión internacional dado que la Organización Marítima Internacional (OMI) distinguió a los marinos con una mención de honor por el salvataje.
Viglietti añadió que las carencias que tiene la Armada en sus equipos e infraestructura es un elemento que no debe utilizarse "para justificar lo injustificable", y pidió a todo el personal que vista "con orgullo" el uniforme militar.
En comparación con el mal uso que se da a los recursos según las investigaciones judiciales, el jefe naval recordó que la fuerza usa hace catorce años botes de salvamento cuya vida útil es de diez años, que la Armada vuela el único helicóptero militar Wessex en servicio en todo el mundo, y que se navega en buques recibidos cuando otras Armadas los dejan de usar por ser antiguos.
Añadió que los que incurrieron en delitos son "una muy pequeña parte" de la Armada, que tiene un total de 5.300 hombres y mujeres en servicio que "se sacrifican trabajando por salarios que las autoridades gubernamentales reconocen insuficientes".
"Esta crisis en la que hoy estamos inmersos nos otorga la oportunidad de mejorar aferrándonos más que nunca a los genuinos valores de la Armada", destacó el encargado de Despacho del Comando naval.
JUSTICIA. Por su parte, la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero, sigue teniendo a estudio el expediente que indaga la red de "compras fantasmas" en la Armada. Si bien los abogados de algunos de los oficiales navales indagados especulaban con que la representante del Ministerio Público remitiría ayer su dictamen a la jueza Graciela Gatti, eso no ocurrió.
Todo apunta a que el pronunciamiento judicial se conozca en el transcurso de la próxima semana.
La fiscal Ferrero pedirá, al menos, el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada.
El delito más factible que puede imputar la Fiscalía es "fraude", según coincidieron en decir a El País varios de los abogados que actúan en el expediente.
Uno de los elementos fundamentales radica en determinar si la fiscal entiende que se probó la vinculación de los mandos navales de 2008, lo que complicaría la situación del ex comandante Juan Fernández Maggio y del contralmirante Burgos. Ambos concurrieron a declarar al juzgado en los últimos días.
SIMULACIÓN. Gatti y Ferrero ya probaron que la Armada simuló la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por US$ 600.000.
Los oficiales implicados dijeron que se buscó tener "fondos frescos" para la Armada, pero quedan dudas sobre el destino dado a ese dinero.
Asimismo, las actuaciones en torno al caso de las compras ficticias podrían extenderse a la actividad de empresarios particulares que regularmente son proveedores de la Armada, algunos de los cuales se probó que permitieron el uso de cuentas bancarias para simular la compra del banco de prueba para motores.
Maniobras en paysandú
En las últimas etapas de preparación para participar a partir de septiembre de la fuerza multinacional de paz estacionada en Haití, efectivos militares realizaron ayer maniobras en el centro de la ciudad de Paysandú. El escenario fue una planta industrial ahora en desuso y el ejercicio consistió en un simulacro de toma de rehenes y su rescate. Uruguay tiene 1.130 efectivos desplegados en Haití desde el año 2004.