DANIEL ISGLEAS / PABLO MELÉNDREZ
La Fiscalía pedirá procesamientos por el caso de las "compras fantasmas" en la Armada. Hay cuatro oficiales comprometidos. El gobierno designó a Hugo Viglietti como comandante interino de la Armada tras la renuncia de Óscar Debali.
La fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero solicitará en las próximas horas el enjuiciamiento de varios marinos indagados por el sistema de compras ficticias en la Armada mediante el cual en 2008 la fuerza simuló la adquisición de un banco de pruebas para motores y una grúa hidráulica por US$ 600.000.
El lunes, la jueza Graciela Gatti y la fiscal Ferrero sometieron a careos a los oficiales implicados, y con eso dieron por terminada la indagatoria. En esa instancia, los militares mantuvieron sus declaraciones iniciales, por lo que no fue posible aclarar las contradicciones existentes entre los oficiales que ocuparon cargos de responsabilidad en las áreas de Logística y Presupuesto del Estado Mayor Naval durante la comandancia de Juan Fernández Maggio.
Según estimaron algunos de los abogados de los oficiales implicados consultados ayer por El País, Ferrero pedirá, al menos, el procesamiento de cuatro capitanes.
La requisitoria de la representante del Ministerio Público no abarcaría a Fernández Mag-gio, ya que el ex comandante mantuvo su declaración respecto a que no tuvo vinculación con la maniobra, y no se habrían encontrado elementos para rebatir su testimonio ante la sede judicial.
En ese sentido, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, recibió anoche al encargado de Despacho del Comando de la Armada, Hugo Viglietti, quien desde ayer reemplaza al renunciante Óscar Debali.
En su primer contacto con Viglietti, Rosadilla le dio "las primeras instrucciones" como nuevo jefe de la Armada. Éstas incluyen disponer de la separación del cargo de algunos oficiales en puestos clave del Comando y nombrar a otros debido a la inminencia del fallo judicial que dispondrá procesamientos.
Tal como dijo el ministro en su momento, más allá del fallo de la Justicia, se tomarán "medidas ejemplarizantes" con otros oficiales que puedan no haber tenido responsabilidad penal pero sí la tuvieron desde el punto de vista administrativo durante los años en que ocurrieron los ilícitos.
La investigación sobre las compras ficticias en la Armada se inició a principios de junio, cuando la fiscal Ferrero recibió una denuncia anónima en su despacho.
Si bien los oficiales indagados han señalado ante la Justicia que el dinero fue reingresado a la Armada, la investigación policial del hecho concluyó que se trató de "una verdadera maniobra de fraude".
"MUY AFECTADO". Debali presentó renuncia a su cargo el lunes 9, luego de enterarse que un sobrino suyo -el teniente de navío de la Reserva Naval Ernesto Menafra- había sido procesado por la jueza Gatti por el delito de "peculado" como responsable por una maniobra con tarjetas telefónicas.
El Poder Ejecutivo aceptó su renuncia y designó en el cargo interinamente a Viglietti, quien hasta ayer era el prefecto nacional naval. Viglietti es el oficial más antiguo en el grado de contralmirante, al que ascendió en 2004.
Al presentar su renuncia, Debali alegó sentirse "muy afectado directamente, en lo personal" por la maniobra de su sobrino, explicó Rosadilla.
Ayer, a primera hora de la tarde, Debali concurrió a la sede del Ministerio de Defensa a despedirse de Rosadilla poniendo fin a seis meses de comandancia. Poco después Viglietti se hizo cargo del Despacho del Comando naval, según lo resuelto por el gobierno.
Luego, en una conferencia de prensa, Rosadilla explicó que ni él ni el presidente José Mujica dudan de "la honorabilidad de Debali".
Debali asumió el 1° de febrero de este año al pasar a retiro el almirante Fernández Maggio, que desde 2007 fue el jefe de la Armada.
Antes de ser comandante en jefe -cargo en el que permanecería un año, dado que en febrero de 2011 debía pasar a retiro obligatorio-, Debali fue prefecto nacional naval. Bajo su gestión Inteligencia realizó la "Operación Santa Lucía", logrando la mayor incautación de drogas en la historia del país, de 2.200 kilos de cocaína y bienes por más de un millón de euros.
A FONDO. Rosadilla negó ayer haber recibido llamadas telefónicas para que cesara la investigación sobre los casos de corrupción en la Armada.
"Seremos inflexibles, iremos a fondo" en las investigaciones, aseguró Rosadilla. El ministro añadió que toda denuncia "será investigada como corresponde y, si hay méritos, se pasará a la Justicia penal".
Agregó que otras 14 denuncias están bajo la lupa de la fiscal administrativa del Ministerio de Defensa, Beatriz Otero. Rosadilla dijo que una vez que culmine ese proceso, y si corresponde, los casos serán presentados ante la Justicia.
Hay un "código de silencio"
Representantes de los partidos políticos aseguraron a El País que están preocupados por el "código de silencio" que impera entre los oficiales de la Armada que no tienen que ver con los hechos investigados por la justicia de crimen organizado pero que tampoco contribuyen a aclararlo. Piensan que no hablan "por temor a represalias en sus carreras", dijeron diputados blancos y colorados. La policía, además, tiene la misma sensación. El ministro Luis Rosadilla, que el martes concurrirá a reunirse con la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, será consultado en la ocasión por esta situación.