Conflicto bloquea trámites con inmuebles y vehículos

PABLO MELGAR

Los funcionarios de la Dirección de Registros no expedirán los certificados de libre de prendas y embargos. Los escribanos, las inmobiliarias y las automotoras aseguran que la medida paraliza el mercado y las distintas formas de contratación.

Hasta que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, no reciba a los funcionarios de la Dirección de Registros, estos no expedirán certificados de prendas y embargos y otros datos vitales para la concreción de negocios.

La medida afecta la contratación sobre bienes inmuebles, automotores, sociedades y casas de comercio de todo el país, al igual que la concesión de préstamos bancarios garantizados con prenda o hipoteca.

La falta de certificados complica la operativa crediticia de los bancos y enlentece el proceso de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI) dado que la información de registros es determinante.

Los bancos no contarán con los "certificados de última hora" para firmar los acuerdos comerciales, lo que impide suscribir los documentos de compra o venta.

Reclamos. El reclamo de los funcionarios apunta a obtener un aumento de salarios en la ley de Presupuesto.

"Hace 10 años que las rendiciones de cuentas no incluyen mejoras salariales para nosotros. A su vez buscamos que se pueda mantener un servicio de primera calidad", señaló William Gazzo, presidente de la Asociación de Funcionarios Registrales (AFRU).

Hasta el jueves 5 de agosto los funcionarios de Registros reclamaban un interlocutor político para plantear sus reclamos. Ese día el presidente José Mujica nombró al frente de la repartición a la escribana Claudia Palacio Cora. El organismo tiene a su cargo los registros de la propiedad de todo el país y los registros nacionales de actos personales y de comercio.

Negocios. Gabriel Conde, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), señaló que los operadores están preocupados por la medida de los registrales debido a que "para el mercado". Aseguró que solo pueden firmar boletos de reserva puesto que las operaciones dependen de los certificados. "En la actividad inmobiliaria hay compras y ventas todos los días, si se tiene en cuenta que las escrituras se hacen con el certificado del día anterior, esto complica la operativa", señaló.

El operador comentó que dos clientes suyos del exterior, que viajaron especialmente a cerrar un negocio, no pudieron hacer la transacción por la medida de los funcionarios.

Los vendedores de automóviles suponen que se complicarán los cierres de negocios por unidades usadas. "Cada vez que hay un problema registral de información quedamos atados de manos; esto va a molestar la compraventa de vehículos usados", advirtió Jorge West, presidente de la Asociación de Consignatarios de Marcas de Automóviles (Ascoma). El directivo señaló que luego del conflicto se producirá un retraso en la entrega de los certificados.

Para los escribanos la situación no es mejor. La mayor parte de su actividad depende de los datos de los registros. "Esto paraliza la contratación. No se puede hacer ningún contrato con intervención notarial, ya que para hacer una compra o venta se necesita esa información registral", dijo la presidenta de la Asociación de Escribanos (AEU), Sara Castro.

Ayer la directiva de AEU analizó la decisión de los funcionarios registrales. "Vemos con preocupación la medida, en otros conflictos, hace muchos años, hemos mediado entre el Poder Ejecutivo y los funcionarios", recordó Castro.

La única forma de evitar el certificado es que las partes renuncien a solicitar el dato. "Es un riesgo muy grande; en el caso de los coches, por ejemplo, pueden tener una prenda específica y se lo secuestran y lo rematan", abundó la escribana.

Lorenzo recibirá a los judiciales

La Asociación de Funcionarios Judiciales realizará en esta jornada, el jueves 12 y el martes 17 paros parciales desde la hora 16 sin retorno a los puestos de trabajo. Además, según anunció el sindicato, el miércoles 18 tendrá lugar una asamblea en la que se analizará la adopción de otras medidas gremiales. Los funcionarios anunciaron ayer que el ministro de Economía lo recibirá el viernes próximo.

Tras las primeras medidas, que comenzaron la semana pasada, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) pidió al Poder Judicial que adopte recaudos ante "cualquier afectación en el normal funcionamiento" del sistema. El directorio del CAU, en una reciente declaración a la opinión pública, manifestó su preocupación ante "la eventual alteración en el funcionamiento de juzgados y tribunales" con motivo de la proximidad de la discusión del presupuesto para el Poder Judicial.

Además, la gremial de los abogados señala en su declaración pública que "frente a cualquier afectación en el normal funcionamiento del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia debe ejercer la dirección que la Constitución le atribuye, disponiendo anticipadamente los criterios que deben aplicarse por los juzgados de todo el país, en materia de plazos, celebración de audiencias y diligencias, recepción de escritos, presencia de jueces y actuario".

Aduanas para el 26

La asamblea de los funcionarios de la Dirección de Aduanas resolvió sumarse al paro de la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE) del 26 de agosto. Por otro lado, decidieron volver a reunirse el jueves 12 para decidir nuevas medidas en caso de no haberse concretado la reunión de la tripartita que analiza sus reclamos. Solicitan un cambio en el organigrama del Ministerio de Economía.