Públicos inician negociación por rama

En la primera reunión del consejo de rama de la Administración Central -que tuvo lugar ayer-, la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE) planteó la instalación de comisiones paritarias en cada organismo para analizar los contratos de pasantes y becarios. La representación del gobierno, integrada por negociadores del Ministerio de Economía y de la Oficina del Servicio Civil, no aceptó la propuesta y solicitó que el punto se vuelva a analizar en una próxima reunión.

El objetivo de COFE es determinar caso a caso la naturaleza de la actividad de los funcionarios para detectar si cumplen con funciones permanentes o temporales. "El tema es saber si las relaciones laborales se han desvirtuado por la vía de los hechos", señaló el dirigente de COFE Luigi Bazzano.

El artículo 7 de la ley de presupuesto de aquel año estableció que los contratados que cumplieran distintas funciones por las que ingresaron al Estado, fueran sometidos a una comisión evaluadora para ser incorporados mediante un contrato de función pública. Eso habilitó el ingreso de varios miles de funcionarios que figuraban dentro de las más de cien modalidades de contratación.

Sin embargo, desde el año 2005 más 16.800 personas ingresaron al Estado como pasantes, becarios o sin concurso.

"A priori creemos que la inmensa mayoría tiene una desnaturalización en su relación contractual. Hay gente que se ha vuelto imprescindible en su oficina; si se van, ponen en peligro la continuidad del funcionamiento del servicio para el que trabajan. Un becario no puede convertirse en alguien insustituible", señaló Bazzano.

En ese sentido el gobierno propuso en la reunión con COFE que en la medida que se vayan realizando las reestructuras de los organismos se irán detectando los cargos que se necesitan y, en función de ello, se realizarán concursos.

Salarios. Por otro lado, COFE propuso generar un piso salarial de $ 14.427, equivalente a siete bases de prestaciones y contribuciones (BPC), para el ingreso a la función pública, según mencionó el dirigente Pablo Cabrera, que participó del encuentro.

El planteo no cayó mal en la representación del gobierno, que se comprometió a analizar la propuesta. Los sindicalistas insistieron en terminar con las inequidades salariales dentro del Estado.

Las dos delegaciones coincidieron en que la recuperación salarial debe comenzar por los salarios más sumergidos. En ese sentido los sindicalistas subrayaron que hay casos de funcionarios de la Administración Central que cobran $ 7.000 por 30 horas semanales.

Gran parte de la reunión se destinó a discutir los aspectos formales del ámbito de negociación. No hubo resoluciones en ninguno de los temas manejados y todo quedó para la nueva instancia que tendrá lugar en dos semanas.