Purgatorio sin salida

Nada puede interpretarse debidamente si se lo separa de su contexto, es decir del entorno que confiere pleno sentido y otorga el verdadero valor a una situación o un hecho cualquiera. Ese razonamiento cobra especial importancia cuando se debate el problema de las cárceles uruguayas, porque allí el tema aparece casi siempre despojado de su contexto, donde surgen por lo menos dos factores decisivos. Uno de ellos es "la crisis socioeconómica con su consecuente pérdida de valores, que desemboca en un progresivo crecimiento de la población carcelaria". El otro factor, que deriva del anterior y lo acompaña como un efecto previsible, es el deslizamiento de una masa de adolescentes y jóvenes pertenecientes a sectores marginales de la sociedad, que resbalan hacia un terreno delictivo abasteciendo esa población de reclusos.

Detrás de esa frase reveladora -pérdida de valores- está la extinción de todo respaldo formativo, la carencia de todo sostén educacional, la ignorancia de toda escala de principios, la falta de auxilios afectivos, la desintegración de los núcleos familiares, el desconocimiento de la utilidad que tienen las normas de conducta en la vida comunitaria, la incapacidad para insertarse en ese marco social, para expresarse, para comunicarse o entenderse en medio de él, junto a la falta de preparación (que es reflejo del ambiente en que han crecido) para desempeñarse en cualquier actividad con un mínimo de aptitud, de regularidad y de disciplina laboral. Esa masa de adolescentes y jóvenes marginales convertidos en infractores o crimi- nales, no se siente parte integrante de la sociedad sino ajena a ella, sin descubrir que su comportamiento es la razón para creerse descartados o verse expulsados de los beneficios que amparan a buena parte del prójimo.

Pensar en construir más prisiones o en ampliar las existentes, en afrontar el empinadísimo costo de esas obras, en aumentar los efectivos de la fuerza de vigilancia para dichos locales o en trasladar a la parte menos peligrosa de los presidiarios a cuarteles, sin pensar ante todo en atacar aquellas fuentes del problema, es lo mismo que multiplicar las camas de los hospitales sin combatir la epidemia que los llena de enfermos. Parece ilógico -aunque sea urgente- enfrentar la consecuencia de un drama social, económico y cultural, sin encarar antes sus causas, sin vincular una crisis con otra, porque son dos partes indivisibles de un mismo desafío, las dos caras de una sola moneda de descomposición. La carreta, diría cualquier criollo sensato, no puede ponerse delante de los bueyes.

Después de la tragedia colectiva de Rocha, del conflicto interno en que murió apuñalado un recluso de Maldonado, del cálculo aterrador según el cual la población carcelaria duplica la capacidad razonable de los establecimientos de detención, este país mira (sin verlo) el fenómeno que lo sacude y que debería avergonzarlo si no estuviera tan confundido. Los poderes del Estado son parte de esa confusión, desde el desencuentro y la demora de los legisladores hasta el desconcierto (y la indulgencia) de ciertos magistrados, o la voluntad -más verbal que efectiva- con que el gobierno se maneja desde hace años en esta emergencia. Mientras tanto, los padres rochenses han enterrado a sus hijos, unos 2.500 reclusos estuvieron en huelga de hambre como protesta ante las calamidades que sufren, los sectores periféricos siguen expandiéndose en asentamientos que son un fértil cultivo del delito, se prometen nuevas sedes para retener a los menores violentos cuando la insuficiencia del INAU está a punto de estallar, se recibe a observadores de organismos internacionales que luego opinan con humillante severidad sobre la situación carcelaria en el país y se requisan en las celdas armas de fuego, drogas, celulares y granadas que nadie sabe cómo han llegado hasta allí. Si no se atiende al fondo del desastre al tiempo de resolver su forma, no habrá solución posible.