¿Y la oposición?

No se acallaron aún los comentarios sobre el caso Conaprole. Por lo menos en la mitad del país que no votó al Frente Amplio en la elección nacional de octubre, que prestó atención a lo ocurrido y tiene conocimientos básicos como para comprender hasta qué punto se arrasó con principios que son pilares de un Estado de Derecho, se mezcla la indignación con el desconcierto. Entre tanto corre el "plazo de negociación" que el Estado propuso -es un decir- a la empresa y al gremio para decidir el destino del trabajador que merece su despido para la primera, y que es inocente para el segundo. Así las cosas, lo natural sería el despido y la subsiguiente reclamación del trabajador de la indemnización pertinente ante la Justicia. Pero quizás el gobierno, como lo hizo ahora, invente otro artilugio mediador para dilatar la solución del problema.

Que quede claro que no estamos tomando partido a favor de ninguna de las partes en pugna. Lo único que nos importa es la vigencia de la Constitución y de la Ley, el respeto a la Separación de Poderes y al Poder Judicial, que es el único ámbito en donde deben dilucidarse estas diferencias.

El argumento implícito que pretende legitimar la actitud gremial, no puede ser otro que las soluciones judiciales demoran. Siempre bajo el supuesto que las autoridades del gremio estén convencidas de que el proceder de la empresa fue arbitrario o abusivo, y mientras se desarrolla el juicio, el involucrado no recibe lo que se considera una justa reparación. No puede haber otro. Entonces, por esta razón, se justificaría ocupar la empresa, perjudicarla aunque sea una fuente de trabajo para muchos, enchastrar la imagen exterior del país porque una empresa pionera y de prestigio internacional no cumple con las exportaciones comprometidas y de paso, desabastecer a la población de un alimento básico. Como esto es bastante más que un disparate, para que ello no suceda el Poder Ejecutivo saca de su ámbito al Poder Judicial y para quitar peligro a las fieras, se ubica en el medio y hace prosperar una propuesta que no tiene otro objetivo que el de ganar tiempo.

Esto es una vergüenza, y debería hacer sonrojar al más acérrimo partidario del oficialismo, si es que queda margen para albergar ese sentimiento. Pero lo que llama la atención, es cómo la oposición se ha quedado cruzada de brazos ante la indignación de la gente y de todas las cámaras empresariales. Y hay que reclamar que accione, que aún siendo minoría, por lo menos salga a decir y a hacer algo, a asumir una mínima actitud política, como sería la de llamar al Ministro de Trabajo al Parlamento a informar a la Comisión que corresponde, o directamente a interpelarlo. ¿Cómo se pueden tolerar estas cosas en silencio?

Y no se trata de pretender que un legislador aislado se sensibilice, o que lo hagan algunos por su cuenta. Son todos los partidos políticos opositores quienes en bloque deberían proceder de acuerdo con la trascendencia de lo que ha pasado. Si ni las pequeñas cosas, los más inocentes desvíos a la voluntad de la Constitución y de la Ley pueden desatenderse, con mayor razón, como es obvio, esta grosería que amparó a un sindicato con la tolerancia cómplice de un gobierno "mediador", a arrasar con todo lo que debe respetar, que son las normas jurídicas y el derecho de la empresa a proceder, aún con error, pero dentro de los carriles legales en que se le debe juzgar.

No es buena esta imagen de inoperancia política. Los medios de prensa cumplieron su función de alertar y protestar, pero están al servicio de la opinión pública, no de la ciudadanía que dio a los legisladores electos por ella, la función de contralor político, que es irrenunciable.

No sirve de nada elogiar al Presidente porque en cien días de ejercicio del cargo hizo más que su antecesor en cinco años. No ocupan sus bancas para desparramar elogios a nadie. Son oposición, y como tal cabe exigirles que actúen ante la evidencia de hechos que podrían justificar hasta un juicio político.

Desolador.