Levantarían corte por 60 días y esperan acuerdo por monitoreo

FRAY BENTOS | DANIEL ROJAS

El gobierno argentino oficializó la querella a los piqueteros y la Gendarmería les notificó la resolución del juez Pimentel. Mañana votarán si levantan el corte por 60 días, pero reclaman el control interno de UPM.

Gendarmería concurrió ayer hasta Arroyo Verde, para hacer efectiva la notificación de la resolución firmada por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que ordenó cesar con el piquete de la ruta 136 de Entre Ríos.

El documento fue presentado personalmente por el comandante Carlos Arias, jefe del Escuadrón 56 de Gendarmería, con asiento en Gualeguaychú. "No tengo órdenes de obligarlos a retirarse, ni llevarme a nadie detenido", les dijo el oficial a los piqueteros.

Los activistas asesorados por abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, se negaron a firmar la notificación compuesta de unas 20 páginas y en consecuencia se labró un acta que fue firmada por dos testigos que pasaban por el lugar.

Llovía. La barrera que corta el paso que lleva al puente binacional San Martín estaba levantada y sin cancerberos en su cercanía.

La puerta del refugio entreabierta permitió identificar a Osvaldo Fernández y Luis Leissa, dos de los abogados que pertenecen al movimiento. Cerca del mediodía permanecían reunidos analizando la comunicación de Gendarmería. Al momento de la notificación también estaban Jorge Fritzler, Paula Robles, Sira Muñoz y José Pouler, entre las caras más visibles de Arroyo Verde. "Es un acto que estaba anunciado para la semana pasada que no sabemos por qué se demoró tanto. No se nos sometió a ningún tipo de intimación", aclaró Osvaldo Fernández a El País.

El abogado de la asamblea, informó además que aún no tienen "conocimiento concreto de la querella, ni de quienes están alcanzados" y que en una carta abierta pidieron a las autoridades judiciales la posibilidad de ser escuchados.

LEVANTAMIENTO. En la asamblea que se realizará mañana miércoles en el club Frigorífico, se votará a mano alzada la propuesta formulada por los "moderados", que plantearon flexibilizar la medida.

Proponen levantar el piquete por 60 días a la espera de que los gobiernos de Argentina y Uruguay resuelvan el monitoreo dentro de la planta de UPM. De esta forma, consideran que trasladarán nuevamente la responsabilidad a las autoridades que negocian el plan de monitoreo encomendado por el Tribunal de La Haya.

La abogada Ana Angelini, expresó que ésta será la forma de "sacarle la mascara a Uruguay porque acá se dice que no se puede llevar a cabo el monitoreo a causa del bloqueo, algo que es absolutamente necesario para poder comprobar la contaminación de Botnia".

En declaraciones a radio LT 41, consideró que no será "un levantamiento definitivo", sino que significará "correrse por unos días", para que el piquete no sea "la piedra ni el obstáculo". El activista Raúl Almeida, entiende que si flexibilizando el corte los gobiernos no cumplen, "obtendríamos más fuerza para volver y tendríamos más apoyo de la gente".

Osvaldo Fernández dijo a El País que "el canciller uruguayo (Luis Almagro) se niega a implementar el monitoreo de Botnia, a pesar de que fue firmado por los presidentes y es una disposición de la Corte Internacional de Justicia de La Haya".

CAUSA JUDICIAL. También ayer, el gobierno argentino oficializó la querella iniciada contra los referentes de la Asamblea de Gualeguaychú.

El Boletín Oficial da cuenta del decreto firmado el pasado viernes por la presidenta Cristina Fernández, ratificando la presentación judicial, anticipada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y faculta al procurador del Tesoro de la Nación a representar al Poder Ejecutivo en la causa Nro. 57.839.

Entre los delitos que el Gobierno acusa a los asambleístas se encuentran: homicidio culposo, sedición, extorsión, amenazas y apología del delito.

Algunos asambleístas entienden que el levantamiento del corte posibilitaría negociar para que el gobierno retire los 18 cargos presentados contra los referentes de Arroyo Verde y deje sin efecto la querella.

Silencio. En tanto, el gobierno uruguayo mantiene su silencio oficial sobre el cambio de postura de su par argentino, que implicó querellar a los piqueteros, y tampoco hubo comentarios de jerarcas con relación al posible levantamiento del piquete por 60 días.

Quienes tienen a su cargo el relacionamiento con Argentina son el presidente y el canciller (quien hasta el viernes está en Vietnam) que optaron por no hacer declaraciones, las que consideran podrían complicar la salida al tema que busca el gobierno de Fernández. Pero si bien no lo expresa públicamente, el gobierno mantiene su posición de que el estatuto del río Uruguay, la CARU y el fallo de La Haya habilitan el monitoreo conjunto sobre la contaminación de las aguas del río y no dentro de la planta de UPM, lo que sería violatorio de la soberanía.

Obras de acondicionamiento en el puente binacional San Martín

Acondicionan el puente internacional San Martín e inspeccionan su estructura después de 10 años. Las autoridades aseguran que no tiene relación al inminente levantamiento del corte.

Quienes circulan por el tendido binacional, que se encuentra bloqueado por los piqueteros de Gualeguaychú desde el 20 de noviembre de 2006, observan diariamente cómo personal de mantenimiento realiza tareas de pintura y cambio de luminarias.

Eugenio Lorenzo, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), informó a El País que la inspección general de la estructura "es en carácter preventivo" porque "desde hace por lo menos 10 años" no se realiza un chequeo de la obra inaugurada en 1976.

Las tareas fueron adjudicadas a una empresa que ganó la licitación para cumplir un mantenimiento similar en el puente Artigas, que unes las ciudades de Paysandú y Colón.

Los trabajos comenzaron coincidentemente con la cumbre en la estancia presidencial de Anchorena (Colonia) del pasado 2 de junio, que reunió a los mandatarios Cristina Fernández y José Mujica.

En esa ocasión, los presidentes acordaron que se reunirán nuevamente en 60 días en Buenos Aires, para firmar un acuerdo de monitoreo conjunto del río Uruguay, que incluya lo referido a la planta de UPM.

En Anchorena fue que Fernández declaró estar en desacuerdo con el corte de rutas y dijo que la Justicia debía tomar medidas al respecto. Días después su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, comunicó que se presentaría una querella contra los ambientalistas, lo que se concretó ayer.

Mujica y Fernández coincidieron que, 15 días antes de su nuevo encuentro, se reunieran los cancilleres de ambos países -Luis Almagro y Jorge Taiana- para afinar los detalles del acuerdo del monitoreo del río.