Cuestionan divulgación de deudas y cambios impositivos

Los cambios tributarios que pretende introducir el gobierno gravando activos en el exterior así como la flexibilización del secreto bancario para poder fiscalizar a los contribuyentes y la divulgación de datos de deudores del sistema financiero a través de la web del Banco Central (BCU) fueron cuestionados por tres profesionales convocados por la Cámara de Comercio, que ayer expusieron su visión en la sede de la gremial.

El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga criticó el acceso a créditos del sistema financiero con la mera digitación de una cédula de identidad o el RUT de una empresa. El énfasis de su disertación estuvo en la forma y no en la sustancia, ya que no cuestionó la ley 17.948 que lo avala (de enero de 2006) sino cómo se aplicó. Para eso, mostró que la central de riesgos crediticios del BCU no es fiel al espíritu con el que el Parlamento aprobó la normativa, citando discusiones en la Comisión de Hacienda del Senado.

Los datos que brinda el BCU de cada usuario están desagregados por banco. Jiménez de Aréchaga recordó que en una sesión del 6 de octubre de 2005 se destacaba que "no va a ser expresado cuánto es la deuda que se tiene con cada banco sino que se va a estar reflejando la situación de endeudamiento consolidado con el sistema financiero", y se aclaraba que "la forma de divulgación debe evitar que cualquiera y sin ningún interés haga consultas".

El experto planteó posibles soluciones: eliminar la publicación de las categorías otorgadas por los bancos a los deudores, suministrar información consolidada y solo excepcionalmente desagregada, evitar asimetrías de información incluyendo a otros proveedores de crédito y organizar un registro de solicitudes donde se acredite la legitimidad de quien pida datos.

Sobre los cambios tributarios impulsados, el abogado Alberto Faget dijo que el proyecto de ley cuestiona el principio tributario de la fuente, que establece un alcance territorial a los impuestos sobre las rentas generadas en el país y bienes en el territorio nacional. Destacó que esa premisa constituyó un estímulo para la residencia de extranjeros en Uruguay y le vale al país la calificación de "régimen fiscal privilegiado". "No sé hasta dónde la presión internacional y la firma de tratados tributarios se está tratando con la prudencia necesaria y se están haciendo graduales ofrendas de nuestra identidad fiscal", dijo.

A su turno, el economista Gustavo Licandro, subrayó que esa extensión del alcance de los tributos dificultará la repatriación de capitales. Además, dijo que se pondrá en riesgo el peso de la cuenta capital en el Producto Bruto Interno, que en 2005-2009 se ubicó en 5,4% (casi el doble del dato histórico). "Eso bajará el financiamiento al consumo y a las inversiones", advirtió.