INAU: 30 sumarios por omisiones y descuidos que derivaron en fugas

EDUARDO BARRENECHE

Cerca de 30 sumarios ordenó el Directorio del INAU a funcionarios por negligencias u omisiones que generaron fugas de menores internados. Días atrás, el INAU decidió la destitución de un funcionario por instigar a un motín en 2006.

"Se han realizado investigaciones administrativas que arrojaron sumarios a funcionarios por negligencias en situaciones de fugas" de internos, dijo a El País el director del INAU, Jorge Ferrando.

El jerarca no explicitó el número de funcionarios bajo la mira de la asesoría jurídica del organismo. "Se dieron algunas situaciones en estos últimos tres años", expresó Ferrando.

Consultado sobre las conclusiones que arribaron los sumarios a estos funcionarios, el director del organismo respondió que algunos de ellos están en curso y otros derivaron en sanciones a los trabajadores investigados. "Según el grado de responsabilidad, las suspensiones oscilan entre un mes y seis meses" sin goce de sueldos, explicó Ferrando.

El abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, dijo a El País que defendía a 30 funcionarios que fueron sumariados por el Directorio tras fugas de menores.

Tras indicar que no conocía casos de destituciones de funcionarios por fugas, Williman dijo: "Los funcionarios que son sancionados por hechos como una fuga o porque no procedió con mayor diligencia, le queda la sanción como antecedente. Y ante un nuevo hecho irregular, las sanciones son proporcionales y graduales. Por ese antecedente pasa a tener una sanción mayor y la acumulación de las mismas puede llegar a la destitución de ese trabajador".

Según Williman, si cada vez que hay una fuga de menores el INAU realiza un sumario, "no quedarían trabajadores" en el organismo.

El juez penal de Pando, Gonzalo Silva, dijo a El País que "hay montones de expedientes" en el Juzgado sobre fugas del INAU por denuncias del organismo. "Sin embargo, no recuerdo que se haya procesado a ningún funcionario del INAU por omisión en los deberes del cargo", indicó el magistrado, coincidiendo con Williman.

"Se investigan las circunstancias de las fugas y si hubo lesionados o toma de rehenes", agregó.

La situación de colapso que enfrenta el INAU fue puesta de manifiesto por el jefe de Policía, Walder Ferreira, quien señaló que le preocupaba la "falta de contención" de menores en los hogares con medidas privativas. "Nosotros sabemos que no deberían ser más de 300 los menores que tendrían que estar presos. Tenemos que decir las cosas como son. Y con esos menores recluidos como deben estar, la seguridad mejoraría en forma notoria", indicó Ferreira.

Un menor conocido como "El Ricky", que fue internado días atrás en la Colonia Berro por pertenecer a la "banda de la granada", fue recapturado nuevamente el viernes 4 por los efectivos de Hurtos y Rapiñas cuando buscaban a los asaltantes de una pizzería ubicada en 8 de Octubre y Mateo Cabral.

BRAZO GORDO. El director Ferrando señaló que el organismo sí destituyó a un trabajador por estar vinculado a un motín en el Hogar Piedras ocurrido en el año 2006.

"Hace relativamente poco culminó un sumario a un funcionario, que se comprobó que tuvo una responsabilidad directa de promover o instar a un motín ocurrido en 2006, y se decidió su destitución", dijo Ferrando.

Fuentes del sindicato del INAU afirmaron que el funcionario destituido era un conocido "brazo gordo" -boxeadores o ex deportistas- que integraba una organización que armaba motines cuando querían aumentos de sueldos o beneficios laborales.

Los "brazos gordos" fueron contratados en los primeros años de la democracia, ya que en ese entonces primaba la necesidad de funcionarios fornidos para dominar a los internos. Ahora la mayoría de los funcionarios del INAU son educadores formados. Sin embargo, el sistema los transforma en "llaveros" (guardiacárceles) similares a los que cuidan a los presos adultos.

"El sistema no funciona porque se fugan un promedio de tres menores por día, no hay proyecto educativo y los menores sufren el hacinamiento de los hogares", dijo a El País el defensor de oficio de Menores, Daniel Sayagués.

SIN OBRAS. En 2005, el gobierno debió internar a menores en el Penal de Libertad durante varias semanas violando las disposiciones del Código del Niño que prohíbe un contacto tan extenso entre un policía y un menor infractor. Además, la administración Vázquez alojó a menores en comisarías y en varias oportunidades ello generó que el Directorio del INAU fuera intimado por la Justicia de Menores. En algunos hogares de la Colonia Berro, los menores deben padecer 23 horas de encierro por una hora de patio por la falta de personal y de programas educativos, según Sayagués. "No tienen actividades para realizar, son `pastilleados` para soportar su situación, y con insuficiencia de técnicos y funcionarios que puedan atenderlos debidamente", dijo.

El sindicato del INAU está a punto de ocupar el Centro de Internación Transitoria (CIT) si el número de internados crece demasiado. El CIT llegó alojar a 48 menores en tres piezas de cuatro por tres metros, dijo a El País el secretario del sindicato, Carlos Salaberry. "Deben dormir en el suelo porque no hay camas", agregó.

Ayer el sindicato realizó una muestra gráfica con fotos sobre las condiciones de alojamiento de los hogares de la Colonia Berro y de Montevideo.

El CÍRCULO VICIOSO de las fugas

En los hogares del INAU con medidas privativas se genera un círculo vicioso. Los menores ingresan al INAU por una rapiña; antes de ser juzgados se vuelven a fugar, cometen otro delito y retornan a un hogar. Los procedimientos se detienen en cada fuga y los menores acumulan causas que nunca llegan a ver su término.

Las medidas aplicadas por las autoridades en el Semeji

-ex Interj- lograron bajar la cantidad de motines. Se reforzaron las guardias policiales en la Colonia Berro y la Policía aplica un procedimiento en cada fuga. Sin embargo, las autoridades no lograron solucionar los continuos escapes de los "hogares abiertos".

Otro problema que enfrenta el INAU es el hacinamiento, sobre todo en el hogar de ingreso. El director del organismo, Jorge Ferrando, dijo que se necesitaban 200 nuevas plazas. Lo mismo ocurre con las cárceles de adultos: "Se está hablando con distintos ministerios para buscar una solución a ese problema", dijo.