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El Uruguay estaba atrayendo cada vez más a extranjeros en busca de una residencia benigna, por clima y por impuestos. Parecían haber encontrado en nuestro país, lo que buscaban; un lugar amable que los recibiera con interés y los protegiera de la avidez fiscal de otros estados, para no seguir siendo rehenes fiscales. Europeos, norteamericanos, argentinos y brasileños, un buen número de ellos jubilados o pronto por serlo, deseaban establecer un domicilio, fuera del lugar donde trabajaron o nacieron, para evitar el largo invierno del hemisferio norte algunos o porque Uruguay les gustaba. Algunos compraban un apartamento, otros construían una casa, remozaban una chacra o estanzuela y se afincaban en nuestra tierra, en buena medida en la zona de Punta del Este, pero no exclusivamente. Los argentinos, escarmentados por distintos tipos de confiscaciones o conversiones forzadas de sus dineros a través de los años, encontraban como refugio cercano la plaza de Montevideo, reconocida por su confidencialidad, reglas de juego estables y libertad económica y financiera. Si bien fue afectada en la crisis del 2001/2, contagiada por la vecina orilla, supo sin embargo, recuperarse notoriamente.
Para ser residente uruguayo, el forastero debe llevar adelante un trámite, no exento de requisitos y complicaciones, ser dueño de una propiedad y demostrar una fuente de ingresos adecuada. Generalmente, estos inmigrantes han tenido que contratar algún estudio de abogados para ayudarlos con los tramites y han terminado por comprar un inmueble, decorarlo, abrir una o más cuentas bancarias y contratar todos los servicios típicos de una persona que se apresta a vivir, por lo menos un tiempo, en el país, cuando no se han puesto a producir como ha sucedido en el campo, inversiones en la construcción y otras actividades económicas.
El proyecto de ley que el Consejo de Ministros enviará al Parlamento próximamente tendrá una repercusión inmediata en:
I - disminuir, por no decir frenar, la entrada de este tipo de nuevos inmigrantes;
II - achicar la demanda y la construcción de propiedades inmuebles;
III - luego de las consultas que provocará este proyecto de ley, se reducirán los pedidos de asistencia para gestionar la residencia en el país, pues Uruguay habrá perdido parte de su atractivo;
VI - tampoco llegarán los hijos, nietos o amigos de visita, ya que se estará alejando y reorientando a esas personas hacia otros destinos, léase Montecarlo, Bahamas, Gibraltar, Panamá, etc. dependiendo de su bolsillo y preferencia geográfica y de idioma.
Si el Gobierno piensa recaudar más con esta reforma, (no sería tanto), lo que en realidad va a producir en poco tiempo, será un efecto negativo. Las cámaras de la construcción, del comercio, las empresas proveedoras de materiales, los agentes inmobiliarios, los hoteles y empresas de transporte; los bancos, los ejecutivos, abogados y escribanos; los dueños de restaurantes y otros que se verán perjudicados, deberían hacer un esfuerzo para frenar este mal proyecto, cuyas consecuencias no han sido sopesadas correctamente. Estos inmigrantes a quienes se expulsará, muchos han sido empresarios o ejecutivos que tienen experiencia y conocimientos que aportan. Algunos quizás no estén dispuestos, al menos inicialmente, a emprender una actividad productiva en el país, pero otros, como se ha dado en más de un caso, pueden entusiasmarse con un emprendimiento o con desarrollar una idea o un servicio. Capital, "know how", contactos útiles, amigos y conocidos que seguirán el ejemplo, ¿por qué desechar esta fuente de recursos y de entradas? De prosperar esta ley, habrá menos gente que visite el país, compre, alquile, coma en restaurantes, instale su casa. En cambio, seguirá la expulsión de nuestros jóvenes al exterior, mientras se restringe la incorporación de personas, en general, de alto nivel adquisitivo, que gastan, demandan bienes y servicios y mueven el consumo y la economía.










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