La identidad del autor de una violación ocurrida en los primeros días de marzo quedó probada, según la Justicia, al conocerse el jueves el resultado de una prueba de ADN.
Jorge Edison Olivera González, un guardia de seguridad, fue el autor de la violación a una funcionaria que se desempeñaba como administrativa en una empresa minera con oficinas en Carrasco, lugar donde el agresor trabajaba como custodio.
Según fuentes policiales, el caso de abuso sexual fue denunciado a principios de marzo y ocurrió en las oficinas de la empresa, en la calle Puntas de Santiago.
Los empleados estaban trabajando en los detalles para la mudanza, cuando la administrativa de 35 años fue abruptamente abordada por el guardia de seguridad en el segundo piso de la empresa.
Luego de maniatarla, la encapuchó y la violó. Además, le rapiñó el celular y se llevó las tarjetas de crédito que la mujer guardaba en su cartera. Dejó a la víctima atada y escapó del lugar.
Otro funcionario de seguridad que cumplía con sus funciones escuchó los gritos de la mujer y la socorrió.
Como el violador actuó encapuchado y estaba vestido de particular -no llevaba el uniforme que lo identificaba como empleado de la empresa de seguridad- no había indicios de quién era el responsable del hecho. Sin embargo, los investigadores recogieron muestras de semen de la ropa de la víctima.
Con esta evidencia, la Justicia solicitó pruebas de ADN a los empleados de seguridad de la empresa y los resultados, dados a conocer el jueves, confirmaron que fue el vigilante quien la vejó. La División de Delitos Complejos constató que este hombre de 30 años tenía dos antecedentes penales por rapiña.
Cuando la Justicia ordenó su detención luego de comprobar su culpabilidad en la violación, Olivera había sido detenido por cometer su tercer rapiña en la vía pública.
El delincuente fue procesado y trasladado al Comcar.
No obstante, la Justicia continuará investigando el hecho en procura de recuperar los efectos robados y también esclarecer si no existen más hechos violentos que aún no hayan sido denunciados por posibles víctimas.
La empresa de seguridad se encuentra inhabilitada por el Ministerio y se investiga por qué en su plantilla había un empleado con dos antecedentes por rapiña.
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