La Justicia argentina pondrá freno a los decretos

BUENOS AIRES | LA NACIÓN / GDA

La Corte Suprema de Justicia argentina prepara dos fallos para dejar en claro que los decretos de necesidad y urgencia (DNU) no son una herramienta de la que pueda hacer uso el Poder Ejecutivo cuando lo cree políticamente conveniente para esquivar la intervención del Congreso, sino que son de carácter excepcionalísimo y que están sujetos al control de la Justicia.

Según altas fuentes de la Corte Suprema, el tribunal que preside el juez Ricardo Lorenzetti emitirá los fallos este mes.

Quienes conocen los borradores, que tienen el respaldo de 4 de 7 jueces, afirman que las sentencias establecerán una interpretación restrictiva de la atribución presidencial, de acuerdo con la Constitución.

A pesar de las críticas que la presidenta Cristina Fernández dirigió a la Justicia, las decisiones no serán sorpresivas ni traducen espíritu de revancha, aseguran en el tribunal. Y aclaran que la Corte estudia el tema desde 2009.

Sin embargo, las decisiones judiciales llegan cuando el gobierno y la oposición debaten, desde hace tres meses, sobre la validez de dos DNU dictados por la presidenta kirchnerista para usar reservas del Banco Central para pagar deuda y, también, cuando en la Cámara de Diputados avanza un proyecto para modificar la ley que los regula.

En efecto, en Diputados, el arco opositor, que hoy tiene mayoría, intentará aprobar un dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales para reformar la norma vigente sobre los decretos y reglamentar las atribuciones presidenciales.

A lo largo de la historia argentina, los gobiernos llevaron adelante pocas decenas de decretos de DNU, hasta que llegara el ex presidente Carlos Menem: este dictó más de 600 en sus 10 años de mandato.

Además, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde los DNU pierden vigencia si en un plazo de 30 o 60 días las cámaras legislativas no los aprueban expresamente, el Ejecutivo de Fernández estableció que un DNU mantiene vigencia salvo que ambas cámaras lo deroguen expresamente.

De esta manera, el DNU y la ley quedaron virtualmente equiparados, porque es tan difícil derogar un DNU como sancionar una ley.