Ni extradición ni Suprema Corte

Julia Rodríguez Larreta

Elocuente demostración de lo farsesco y sesgado de la postura de los Kirchner como abanderados de los derechos, ha sido la reciente actitud de Cristina Fernández ante el pedido de extradición del guerrillero Galvarino Apablaza, acusado de asesinato y secuestro. Los Kirchner se han mostrado siempre dispuestos a condenar los crímenes cometidos por la represión en los obscuros tiempos del régimen militar, y bajo su gobierno se ha perseguido y condenado a los involucrados, desde los comandantes para abajo. Sin embargo, ante el reclamo, no solo de la justicia chilena, sino del propio presidente Sebastián Piñera, en el interés de juzgar al sospechoso de asesinato del senador Jaime Guzmán y de secuestro de un hijo de Christian Edwards, dueño del diario El Mercurio, lo más que hizo la presidenta argentina, al concurrir a Santiago para las fiestas del bicentenario, fue fotografiarse junto al presidente chileno lo más sonriente posible, como si nada. Para Piñera se trata de un asunto especialmente delicado, ya que el senador asesinado en 1991, no pertenecía a su partido, Renovación Nacional, sino al de sus aliados de Unión Demócrata Independiente (UDI), los socios mayoritarios del bloque oficial.

La base legal de la demanda de extradición es clarísima, puesto que el homicidio sucedió en Chile, en épocas de Patricio Aylwin, bajo un régimen democrático que se mantiene desde entonces.

A pesar de ello, en Argentina está por verse si lo decretan asilado político, como lo plantea una cierta organización de "derechos humanos" que afirma que el aberrante acto fue un "crimen político". Así que se está a la espera de la resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), integrada precisamente, por funcionarios del Poder Ejecutivo. La actual situación representa un nuevo desafío a la Corte Suprema por parte de la Presidencia, la cual el martes pasado habilitó la extradición. Estos sucesos se suman a la larga historia de ninguneo a las instituciones que caracteriza al matrimonio gobernante y se arrastra de larga data. El irrespeto por el Poder Judicial proviene 12 años atrás, cuando Néstor dirigía a la provincia de Santa Cruz. En aquellos tiempos, con absoluta impunidad, hizo caso omiso en tres oportunidades de los dictados de la SJC, ordenando la restitución en su cargo del Procurador Emilio Sosa Bravo, a quien decidió sacar de en medio porque no era acomodaticio. Bien en evidencia ha quedado que se trata de un hombre honesto y tenaz que nunca aceptó transacciones dudosas.

Durante la presidencia de Cristina hubo dos acordadas más y la última de hace una semana, fue rechazada por el actual Gobernador Peralta, un leal servidor de los Kirchner, quien llegó hasta a acusar a la Corte de desestabilizadora. Como el Supremo Tribunal no tiene facultades para imponer una sentencia a un gobernador en rebeldía, el caso más vale no sea derivado a la justicia santacruceña por obvias razones, siendo ésta una de las opciones, mientras la otra, es el Congreso.

Pero tampoco hay consenso en la oposición sobre qué se debe hacer en este tema. Las posiciones van desde proponer la intervención de la provincia, (Margarita Stolbizer) hasta una medida más reducida, como la de la UCR, que sugiere la intervención del Poder Judicial con miras a la reposición de Sosa Bravo. Entre la falta de unión en los opositores y su incapacidad para formar quórum propio, ni en Diputados donde son mayoría, el oficialismo se da el gusto de boicotear una y otra sesión, llevando a la inoperancia a los otros partidos.

Por su parte Cristina, haciendo alarde de que el Poder se maneja desde la Casa Rosada y que las demás instituciones de la República solo son a tener en cuenta si son instrumentales a sus designios, lanzó públicas ironías, declarando que la Presidencia estaría dispuesta a darle "asilo político" al Gobernador Pereda.

Otro acto de inconcebible jactancia, luego del papelón de la puesta en escena para enredar a los dueños del Grupo Clarín y de La Nación, con los crímenes de lesa humanidad, a raíz de la compra de Papel Prensa, ha sido la reciente denuncia penal. Solo faltaba que cayera en manos del Juez Oyarbide.