Claroscuro

Enrique Beltrán

Ha sido una preocupación tenaz, que asomó en esta columna, la que fue señalando como diversas decisiones del partido de gobierno, fueron ensanchado el Poder a extremos inquietantes, mientras reducían el de las libertades, el de la privacidad y el del Estado de Derecho. Algunas de esas características ya habían asomado cuando se instaló el Frente en la intendencia de la capital. Desde allí impuso su exclusivismo proselitista que fue eliminando, por distintos procedimientos, a quienes no fueran del partido. Contó con una sumisa mayoría oficialista de la Junta Departamental. Fácil fue tender una suerte de telón espeso, para que esa gestión transcurriera siempre entre sombras, por lo que un montón de irregularidades encontró allí refugio. Las comisiones investigadoras propuestas por las minorías encontraron un sistemático rechazo. Constituyó así una casual de excepción que las irregularidades y las pérdidas de los casinos que se sucedían en ellos, trascendieran de aquel reducto cerrado. Eso fue así, porque perdido en un renglón de una de las rendiciones de cuentas municipales, aparecía una deuda de varios millones de dólares provenientes de las pérdidas en los casinos. De esa sorprendente revelación y después de vicisitudes y trámites nació, al fin, una comisión investigadora. Con ella aparecieron las graves irregularidades de los casinos, de las que derivaron la intervención de la justicia, procesamientos, y un sumario que parece lejos de terminarse.

La presidencia de Vázquez mantuvo algunas de las características de esa gestión: el exclusivismo político, la negativa sistemática de la mayoría para acompañar las comisiones investigadoras, la reiteración de graves irregularidades, algunas de las cuales irrumpieron a pesar que no funcionaron los contralores.

El advenimiento a la presidencia de José Mujica trajo algunos cambios positivos acordes con el sentido y obligaciones de esta alta investidura y otros inquietantes que parecen apuntar a su vez a una presencia presidencial que arriesga desbordar los marcos institucionales. Entre los primeros se cuenta la presencia de las minorías en la gestión de diversos organismos y servicios públicos. Otra brecha a aquel exclusivismo parece ser la presencia más gravitante de las fuerzas de la oposición en la labor legislativa. Entre los inquietantes se encuentra, la designación del Coordinador de la inteligencia del Estado que centraliza toda la información que elaboren diversos servicios, desde las Fuerzas Armadas hasta los del Banco Central, pasando entre otros por los de la cancillería y las aduanas. Depende del Presidente y sólo ante él es responsable. Completando este ámbito tan dilatado, peligroso y secreto, el titular de cargo tan delicado es un integrante del MLN, Augusto Gregori, que ya tuvo su actuación en el examen y el manejo de los documentos secretos en el Ministerio de Defensa bajo el gobierno del Dr. Vázquez, y de los cuales nada se supo. Si bien un decreto fija sus atribuciones y límites, es evidente que se extiende una zona de oscura reserva del poder presidencial que mal se aviene con las garantías establecidas en la constitución. En una línea que parece tender a esa misma estrategia es la propuesta de los dieciochos delegados departamentales del gobierno, que más que coordinar políticas serán fundamentalmente sus agentes proselitistas. Los resultados electorales en el interior del país pueden haber sido el aldabonazo de esta iniciativa.