Institucionalidad en entredicho

Julia Rodríguez Larreta

Hace pocos días, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por su evidente resistencia a brindar información sobre más de 300 expedientes relativos a auditorías realizadas al gobierno el año pasado. Una de las diferencias entre estos organismos es que el primero responde al poder Legislativo y el otro al Ejecutivo, tratándose por lo tanto, de otro episodio del enfrentamiento de poderes que caracteriza al clima político argentino.

Bajo el gobierno de los Kirchner la situación se va haciendo cada vez más crítica respecto de la utilización de los órganos del Estado y de actos administrativos, que a primera vista le dan a las actuaciones visos de legalidad, aunque sólo sea en apariencia, pues los han convertido en funcionales a los intereses particulares del Ejecutivo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia, la mencionada Sigen, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comercio. Ha podido observarse en los últimos tiempos, como todos ellos han sido instrumento para la puesta en marcha del asedio a la empresa Papel Prensa, cuyos socios mayoritarios son los diarios La Nación y Clarín, así como a los otros negocios del multimedio, sumado esto a la embestida contra la prestadora de Internet, Fibertel y contra Cablevisión.

Plan de ataque que inclusive fue anunciado de viva voz por el secretario de Comercio Guillermo Moreno hace cerca de un año, en pleno directorio de la papelera, a la que le cambiaron la representación estatal, reemplazando los directores por personas que responden a las instrucciones del superior gobierno. Ello fue posible luego de remover al anterior titular de la Sigen, que se negaba a ser manipulado por Moreno, junto a otros procedimientos como la nueva composición de la CNV que comenzó a interferir en la gestión empresarial, hasta que la sala C de la Cámara Comercial, una semana atrás declaró nulas, varias de las resoluciones emitidas por dicha institución, contrariando a la administración de la empresa.

No es de extrañar entonces, que en un estudio sobre calidad institucional publicado en la revista Newsweek, Argentina figure debajo de Chile, Costa rica, Panamá, Perú, Uruguay y México. Por más que no se trate de mediciones científicas, sino de la percepción de confianza que el país genera.

La presentación realizada por el presidente de la Sigen, Leonardo Despouy, no fue una decisión intempestiva, sino el final anunciado de un extenso proceso que se arrastra desde el mes de marzo. Y el mismo titular, quien acaba de lanzar un libro referido al ámbito judicial, alertó en dicho acto sobre como está afectada la independencia de la justicia argentina. En su disertación alertó sobre la gran influencia del poder político sobre el Consejo de la Magistratura -aunque como dijimos en la columna anterior, podría cambiar para mejor después de las elecciones de la institución, en las que se impuso el adversario del candidato oficialista-, la cantidad de juzgados federales vacantes (cerca de 200), ocupados por subrogantes que no gozan de la inamovilidad y son por ende más susceptibles a las presiones, además del reclamo por la falta de autonomía para disponer de su presupuesto.

Inquietud que ha propiciado la elaboración de un proyecto de ley que consta de 7 artículos, que la Corte habrá de enviar a las comisiones de ambas cámaras. Alegan que la Justicia no puede ser un poder independiente, cuando el alto tribunal y el Consejo deben pedir a cada rato a la Jefatura de Gabinete, autorizaciones presupuestarias para disponer de recursos, que inclusive le son propios.

En cuanto a la falta de respeto oficial por la institucionalidad, no es posible soslayar las recientes declaraciones de nada menos que la Presidenta de la República, apoyando la ocupación de las escuelas. Con toda tranquilidad, dio a entender que la toma de los centros de estudio desde hace 15 días, por alumnos que discrepan con el plan de obras de refacciones del gobierno porteño, era algo legítimo.