La lucha continúa

Julia Rodríguez Larreta

Golpeados pero no destruidos, parece ser el moto del matrimonio Kirchner, dado que a pesar de lo mal que les salió la parodia para asociar a los accionistas mayoritarios de Papel Prensa con las torturas y métodos de la dictadura, además de otros nuevos contratiempos, insisten en pos de su afán por controlar a los medios y arruinar al grupo Clarín.

La Presidenta acaba de firmar el decreto reglamentario de la ley de Medios Audiovisuales, como si no hubiera ningún problema, aun cuando su aplicación se halla impedida por las suspensiones decretadas por la Justicia, en respuesta a varias demandas presentadas en los fueros de Salta y San Juan, (Cámara de Apelaciones) y debido a que varios artículos de la ley, votada el año pasado por la bancada oficialista, están detenidos por medidas cautelares dictadas en otras causas.

De acuerdo a su articulado, los grupos que tengan más licencias de las "permitidas", -léase Clarín, aunque también serán afectados propietarios de medios pequeños-, deberán venderlas a más tardar en un año, sea bueno o malo el precio. Aparte se imponen reglamentaciones sobre los contenidos que podrán difundir los canales de TV y las radios. De no cumplirse con las exigencias, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA) podrá designar un "delegado administrador". Salvando las distancias, recuerda lo que hicieron en Papel Prensa, donde colocaron gente a su servicio en el Directorio, hace un año atrás, a partir de que cambiaron al titular de la Comisión Nacional de Valores, (CNV) y de la Sindicatura General de la Nación.

Pero resulta que la Justicia le ha provocado un nuevo revés a la estrategia oficial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dejó sin efecto la intervención en Papel Prensa y además dictó otras 6 sentencias, todas favorables a la misma. A un año casi, de cuando Moreno reunió a los representantes del Estado y les dijo, "Afuera están mis muchachos, expertos en partir columnas y hacer saltar los ojos a quien hable", quedó fuera de la empresa Beatriz Paglieri, la empleada que armó la documentación supuestamente incriminatoria, con la que el gobierno pretende o pretendía, hacer una denuncia penal contra Mitre (La Nación) y Magnetto, (Clarín).

El intento de asociarlos con delitos de lesa humanidad ocurridos en la década del setenta, trajeron a la memoria, no solo los crueles métodos que aplicaban las fuerzas represoras, sino los criminales entretelones del accionar montonero, muchos de cuyos miembros y simpatizantes hoy forman parte del gobierno, y de los sórdidos individuos como el tal Graiver, que interactuaban con el terrorismo.

Quedó en evidencia a lo largo de la reciente saga, que quienes amenazaban a la Papaleo para que les entregara esa suma, eran los sediciosos. Sospechaban que no fuera cierta la muerte en un accidente de avión, de quien se ocupaba de manejarles parte de los dineros que conseguían con los secuestros. En este caso, le exigían a la viuda 17 millones de dólares, provenientes del secuestro de los hermanos Born. Operativo que además dejó dos hombres asesinados; Alberto Bosch, joven directivo de Molinos Río de la Plata y el chofer que manejaba el auto.

Quienes amenazaban a la mujer con hacerle tragar una pastilla de cianuro, si no les entregaba esa suma, se hacían pasar con nombres falsos; Dr. Paz y Peñaloza y según contara la semana pasada la diputada Patricia Bullrich, al recordar una conversación con el montonero Galimberti, participante del secuestro, el que se identificaba como este último, era en realidad Raúl Magiaro, actual secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, del populoso municipio de la Matanza.

Por otro lado, un dato no menor sucedido en la semana que finaliza, sobre todo para los Oyarbide de este mundo, ha sido el resultado de la elección de los letrados porteños para el Consejo de la Magistratura. Triunfaron los no oficialistas y es muy posible que suceda lo mismo con los representantes del interior. Por lo tanto, el gobierno puede perder el control de dicho Consejo, institución que nombra a los jueces y juzga su actuación .