Ahora el Congreso

Julia Rodríguez Larreta

Respecto de la embestida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre la prensa, El País expuso sus ideas ayer en el editorial. Por ese motivo, aún cuando se trate de un tema gravitante, la columna de hoy apuntará hacia otros asuntos.

El 24 de agosto, el mismo día en que el Ejecutivo decidió hacer de fiscal acusador dentro del marco de un forzado acto en la Casa Rosada, llegaba a su fin el plazo de las facultades delegadas que el Congreso le había entregado y vuelto a dar al gobierno, cumpliéndose asi el extraordinario trasvase de poderes, del Legislativo al Ejecutivo, que caracterizó la gestión gubernativa de los Kirchner.

El comienzo de una etapa de cambios en el relacionamiento de ambos poderes, llena de desafíos, responsabilidades y complejidades para el Parlamento y en especial la oposición. Hablando en términos futboleros, ahora la pelota quedó en el Palacio de las Leyes, donde el oficialismo no cuenta más con la cómoda mayoría de altri tempi, aunque tampoco tiene delante de sí, una oposición ni muy compacta ni muy homogénea en sus puntos de mira, más allá de las incertidumbres que nacen no solo de las posiciones políticas, sino del aceitado mecanismo, invisible pero no tanto, (según afirmaciones en tono de denuncia realizadas por distintos legisladores) de los turbios métodos que desde el oficialismo se ejercen, para atraer voluntades y manos levantadas.

La oposición decidió impulsar una resolución en el Congreso en la que se le advierte que ya no podrá utilizar las más de 200 leyes con facultades legislativas vigentes, con las que hasta ahora contaba para su gestión gubernativa. Las que se les fueron otorgando en sucesivos períodos a varias Administraciones, desde 1853 hasta las últimas en 1994. Iniciativa que debe pasar por ambas cámaras.

De esas 200 a 300 leyes hay unas 30 normas claves. Por ejemplo, la ley de abastecimiento, de la que hace uso y abuso el Sr. Moreno, secretario de gobierno, para presionar a las empresas. La de Emergencia Económica, delegada nuevamente hace unos años, a pesar de que la Argentina crecía a tasas chinas; la de Reforma del Estado; el Código de Procesamiento Tributario; la de Entidades Financieras; y la del Código Aduanero que posibilita la fijación de los impuestos a la exportación e importación de numerosos productos, siendo estrella de ellos, las retenciones.

Éste es un punto álgido, en el que juegan no solo las distintas posiciones que existen dentro mismo de distintos sectores del agro. La visión contrapuesta de los grupos de izquierda vis a vis la UCR, el PRO, el grupo de Elisa Carrió, el PJ disidente y por supuesto, la del kirchnerismo. También especulaciones de tipo jurídico, como que las grandes exportadoras podrían alegar que vencido el plazo por el cual el Ejecutivo puede fijar las alícuotas, podrían pasar a demandar el no pago de los aranceles en las futuras ventas.

Y aquí aparece otro punto neurálgico, porque si bien en la oposición se ha afirmado el concepto de que no debería asfixiarse y castigar tanto al sector más auténticamente productivo y competitivo del país, lo cierto es que la plata que se le extrae es la que financia una enorme porción del gasto público; subsidios a otros sectores, planes sociales y clientelísticos, el desbordado presupuesto, etc.

Y algo de ese dinero, aunque no en forma directa, porque no está inmerso en el sistema de coparticipación, sino a través de la gracia del Poderoso, cae en las arcas provinciales. Claro que en relación a las lealtades con la Rosada, la coacción o los convites que realizan.

Mientras el gobierno hace como que no le preocupa demasiado lo que ocurre y cuenta con que el Congreso tenga al fin que avalar resoluciones y reglamentaciones de entes como la AFIP, ( impositiva), el INTA, el sospechado ONCCA, etc. que son parte importante de la administración, en el Parlamento avanza la reducción de las retenciones, tratando de consensuar las distintas posturas y en el Senado se dará batalla por el 82% móvil para las jubilaciones, Un proyecto de atractivo popular que coloca al Ejecutivo en lugar incómodo al resistirse a él.