Mensajes

Detener la delincuencia

¿Hasta cuándo?

J.M.C. | Montevideo

@| "Parece que los jueces de este país viviesen en el walhalla, ajenos a todo lo que pasa a diario. Ahora un comerciante se defiende y a su familia de un copamiento y la Justicia lo complica, herido y todo. ¡Se defiende con las armas de los delincuentes y es lo mismo! Parece mentira, ¿qué es lo que falta para que los jueces tomen conciencia de lo que está pasando? ¿Qué pensarían si eso les ocurriera a ellos, que a la Sra. Jueza le asaltaran al marido a punta de pistola, otro ingresara armado a tomar de rehenes a su madre y su pequeña hija? ¿Qué pretenden? ¿Que la gente los deje pasar, les entregue todo lo que tienen, los invite a cenar y los convide con un cafecito antes de irse? ¿No se dan cuenta que en esos momentos se están jugando la vida y la de sus familiares? ¿Que estos delincuentes si están drogados son capaces de matar a todos sin razón alguna?

Me parece realmente muy injusto que uno se dedique a trabajar hasta 16 horas diarias para poder dar una educación a sus hijos, pagar los exhorbitantes impuestos de este país y que a la hora de un problema ¡los delincuentes tienen más derechos que uno! No señores, esto está mal. Sin ir más lejos, uno de los que mató al patrón de taxis había participado en un secuestro exprés hace unos días y liberado por un juez... ¿Qué le puede decir a la familia del difunto?

No puede ser que este tipo de decisiones no tenga ninguna consecuencia para el Juez; la Suprema Corte debería hacer algo y controlar lo que hacen los jueces. Parece que no se animan a hacer lo que corresponde y nos tiran el problema a nosotros, los de a pie. La policía ha perdido totalmente el control, no puede ni tiene con qué parar esta ola de delincuentes, la Justicia los trata en forma laxa, sin rigor alguno. Las consecuencias de esto se están viendo, la gente común no tiene la `preparación` de estos delincuentes y se defiende como puede. Y en caso que las leyes no sean las apropiadas los señores legisladores deberían hacerse cargo de su responsabilidad de legislar apropiadamente, no dentro de 5 años, ¡ahora! Mientras la gente seguirá defendiéndose como mejor puede y ¿saben qué?... ¡yo haría lo mismo!"

Menores delincuentes

Stella Vezzoso | Montevideo

@| "Para los menores delincuentes deberían hacerse cárceles en el interior del país, lejos de la ciudadanía que decentemente desean salir adelante trabajando. Incluso habría que encerrarlos por años o a cadena perpetua ya que como a ellos no les interesa la vida de nadie, por qué debería interesarnos a nosotros. Los políticos deberían aprobar leyes más severas y no tenerles lástima, ya que la población completa del país vive con miedo, las casas todas enrejadas, parece una ciudad fantasma. Pudiendo tener plazas bonitas y limpias para que las familias puedan disfrutar, libres de delincuentes que nada aportan al país, solo miedo.

Además eso que los menores se escapen cuando los agarran, no lo entiendo. Deberían actuar como en otros países y juzgarlos como adultos ya que cuando cometen un asesinato dejan familias sufriendo de por vida, de la misma manera que las familias de ellos sufren también. Además la policía debería ganar más y todos andar en auto ya que a pie es muy difícil que puedan entrar en esos barrios tan malos que hay y así patrullar las calles más seguido.

Yo no vivo aquí, pero nací aquí y estoy muy triste de ver como el país ha desmejorado tanto en relación a la delincuencia. Hay que hacer algo. Por favor que alguien tome conciencia antes que sea demasiado tarde y la desgracia les toque de cerca."

Torres en P. del Este

Silvia Oliveri | Maldonado

@| "Vivo hace varios años en Punta del Este la que de ser denominada `Ciudad Jardín`, se está convirtiendo en una Miami más. No hay pobre predio arbolado que no tenga cartel de venta, y si no, ya está siendo convertido en una enésima enorme torre de apartamentos. ¡¡Cemento por todos lados!!

Me pregunto, ante esta especulación `salvaje` que está sucediendo delante de los ojos de todos, ¿se han hecho estudios ambientales apropiados? ¿Se ha calculado la capacidad de soporte de la red de aguas servidas? ¿Cómo se modifican los vientos? ¿Cómo esas torres monstruosas proyectan su sombra sobre las playas?

La rambla de playa Mansa, entrada principal de la península, está en malas condiciones desde siempre, así como las veredas, las pérdidas de agua que nadie arregla...

Mucha política pero pocas obras. Las necesarias, no las hace nadie. Las únicas que se hacen, las torres enormes, sólo para felicidad de los inversores y del gobierno de turno, que recauda más impuestos y quizás alguna otra cosa. Una vergüenza."

Libertad de prensa

René Fernández | Encargado de Negocios a.i. de la República del Ecuador en la República Oriental del Uruguay

@| "Al leer el editorial de El País del jueves 15 de julio de 2010, titulado `Ley Mordaza`, considero que existen varias imprecisiones que dañan la imagen del gobierno ecuatoriano. Por ello, le escribo para aclarar el tema confiando su publicación, en coherencia con las prácticas pluralistas que su medio proclama y así se permita que los lectores de su diario conozcan otra versión de los hechos.

1) El Ecuador vive desde el 2007 un proceso de reforma constituyente. Con la aprobación del 81,72% de los ciudadanos se convocó a una Asamblea Constituyente. Con el voto de 94 de 130 asambleístas se aprobó el texto de la Constitución, que finalmente fue ratificada en referéndum por el 63,93% de los ecuatorianos que votaron en todo el mundo. Dentro de este proceso democrático, y como disposición transitoria constitucional, es que se enmarca la obligación parlamentaria de crear leyes secundarias en coherencia con la Nueva Carta Política, siendo una de ellas la Ley de Comunicación para garantizar el ejercicio y plena vigencia de los derechos a la comunicación.

2) En la discusión sobre la Ley de Comunicación el gobierno siempre ha aclarado que todo se realizará bajo el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. Respetando el pluralismo político, promoviendo la diversidad cultural, el acceso a las nuevas tecnologías, evitando el monopolio, entre otros.

3) No es real que el gobierno haya impulsado la colegiatura profesional obligatoria para el ejercicio periodístico. Esa ha sido una propuesta de colegios profesionales y facultades de comunicación del Ecuador. El Informe de mayoría de la Comisión Especial de Comunicación, que será discutido por el pleno de la Asamblea Nacional, plantea el desempeño exclusivo para periodistas profesionales sólo en algunos espacios dentro de las empresas mediáticas.

4) No es verdad que en la integración del Consejo de Comunicación e Información el Ejecutivo tenga mayoría, ni que en sus atribuciones se contemple el control de contenido de la información, menos aún la censura previa, cosa que está prohibida en el mismo proyecto de Ley.

5. El proceso de debate y construcción de la Ley se mantiene abierto y han participado múltiples actores que rebasan el marco meramente parlamentario. Incluso, es público en Ecuador, que dentro del propio bloque legislativo oficial se han planteado diversas posturas sobre los múltiples aspectos que encierra la discusión.

6) El editorial habla del enfrentamiento como si fuera una simple actitud del presidente Rafael Correa contra los medios de comunicación. Nada dice del rol de oposición y la permanente e intensa campaña que los medios de comunicación, ligados a poderosos grupos económicos, ha mantenido contra el gobierno y el proceso de cambio ecuatoriano desde sus inicios.

7) No tiene sustento el pensar que el gobierno ecuatoriano desarrolla visiones paternalistas sobre los ciudadanos definiendo qué información se tiene, algo además de indeseable, imposible en estos tiempos. Al contrario, busca profundizar la democracia extendiéndola a todas las dimensiones de la vida social. Parte de ello es justamente el considerar que en democracia el mercado no puede ser el regulador único y último de algo tan importante como el campo de la comunicación."

Nota de Redacción:

La misiva de la embajada ecuatoriana incurre en errores y medias verdades que obligan a hacer las siguientes consideraciones a fin de ilustrar a los lectores sobre aspectos de hecho involucrados en la polémica ley de comunicación que ese gobierno impulsa y que ha recibido serios cuestionamientos a nivel internacional:

1) La colegiatura profesional es una propuesta que figura en el proyecto impulsado por el gobierno. El origen de la misma escapa a la intención y al interés del editorial en cuestión.

2) El Consejo de Comunicación, según el proyecto oficial estaría integrado por siete miembros, dos postulados por la Presidencia, uno por un llamado `Consejo de Igualdad`, otro por las facultades de Comunicación y tres representantes de la ciudadanía. El gobierno a todas luces tendría mayoría de esos `representantes`, con lo cual se asegura el control del organismo, en el que llama la atención la ausencia de los medios.

3) En cuanto a la censura previa, el proyecto dice que estará prohibida `salvo en los casos establecidos en la Constitución y la ley`. O sea que podría darse el caso de una ley que exija la censura previa. Esta puntualización no es un capricho del articulista, sino que ha sido el eje de la crítica que ha recibido el proyecto de varios organismos internacionales.

4) Los medios informan y opinan. No hacen oposición. En función de lo que ellos publican o emiten, la gente valora con libertad a los medios y a los gobiernos. Si el gobierno ecuatoriano no desarrolla una visión paternalista, ¿cuál es la obsesión por atacar a los medios que no comparten su visión política? ¿No debería ser la propia ciudadanía la que decida quién es digno de su confianza?

No hubo en el editorial publicado imprecisiones que puedan dañar la imagen de Ecuador. Si algo puede dañar tal imagen, es la intención de controlar la libertad de prensa y expresión en ese país, derechos sagrados que no son dádivas ni dependen de mayorías electorales circunstanciales, por más abultadas y ensoberbecedoras que éstas puedan llegar a ser."

Debe terminar

Joan | Montevideo

@| "¿Podría cualquier ciudadano del mundo imaginar que en un país de América del Sur, ubicado entre Argentina y la parte Sur del Brasil, con costas hacia el Atlántico y con una población de unos 3.400.000 personas, existen miles de jubilados a los cuales se les confisca casi la tercera parte de su pasividad, cosa absolutamente prohibida por su Constitución?

Ese es el caso de la Caja Bancaria del Uruguay... y lo peor es que los legisladores oficialistas y los de oposición miran para el costado.

Este abuso hacia ciudadanos de elevada edad no tiene calificativos en ninguna parte del mundo."