El propósito

Enrique Beltrán

Adueñarse de la educación, no para mejorarla, sino para hacerla instrumento de su militancia política y de la creciente exclusividad del gremio, han sido objetivos de ciertos sectores de la izquierda, y de sus tentaciones totalitarias. El logro de buena parte de esos propósitos supone una estrategia que no se proclama, pero se diseña y practica si se trata de alcanzar esos fines bajo la vigencia de un Estado de Derecho en el que queda garantida la libertad de enseñanza, como dispone la Constitución. Procuran así, que para el régimen de asfixia que buscan alcanzar, esa flechada formación educativa constituya uno de los pilares de la forja. Si se logra, será acompañado por el adoctrinamiento de las generaciones y el cierre de las libertades. Así proyectarlo por decenios, hasta la hora de su desplome y emerjan entonces sus horrores. No es en vano que la Cuba de Fidel sea el entrañable modelo para buena parte de esos sectores. Después de medio siglo de tiranía sólo algunos lo bajaron de su sitial.

"Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público". "Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee", se lee en aquel artículo constitucional. No obstante nuestra realidad ha introducido en ese reconocimiento una discriminación que no ha sido superada, y frecuentemente, ni siquiera advertida. El derecho a elegir no es el mismo si se opta por la enseñanza que es impartida por el Estado, porque es gratuita aunque costeada por todos, que si se elige la privada, porque quienes la aprovechan tienen que pagarla. Es evidente que la libertad de elección que comprende a todos los padres según la letra de la Constitución, deja afuera de su goce a muchos de ellos, porque no pueden solventar el ejercicio de esa preferencia. No deja de ser un desconocimiento, o una mutilación de la disposición constitucional. Pero allí está vigente desde hace casi ochenta años. No prosperaron las iniciativas presentadas por distintos legisladores en el discurrir de tan largo tiempo, procurando dar una respuesta equitativa a la desigualdad que esa realidad ha venido imponiendo.

Aquella es una progresiva orientación de años, para hacer de la enseñanza estatal un ámbito cada vez menos solapado de militancia política. En buena parte a través de un creciente exclusivismo gremial siempre más politizado. Una de sus primeras preocupaciones fue hacer de la educación sólo un tema y una inquietud casi exclusivamente reservada al gremio. Para ello más se encerró lo que allí ocurre, menos injerencia de los órganos de contralor y cada vez peores resultados arrojan los índices de buena parte de nuestro sistema educativo. Curiosamente, cuando con más algarabía se anunciaba que bajo el gobierno del Frente el presupuesto de la enseñanza pública alcanzaba el 4.5% del producto bruto nacional, buena parte de la misma enseñanza señalaba la gravedad de sus deficiencias, de sus bajos rendimientos de los altos porcentajes de sus deserciones, del alto número de repetidores, en definitiva, el cada vez más insatisfactorio rendimiento de la educación, cuando más se la encerraba, y más se la politizaba. Broche de ese proceso es la marcha atrás del acuerdo sobre el contralor de todas las universidades.