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Sistema tributario

¿Más papista que el Papa?

A. M.| Montevideo

@| "Quizás como uruguayos lo primero que deberíamos cuestionarnos es si podemos vivir con lo nuestro. La respuesta es no, a no ser que queramos pertenecer al Cuarto Mundo. Sin la inversión y ayuda extranjera, andaríamos como `rata por tirante`, Punta del Este sería como Piriápolis, Maldonado un departamento más, Colonia el patio trasero de Buenos Aires y el campo una pampa llena de vacas, decorado con algunas ranchos salpicados, que aportarían poco a la recaudación central.

Si esto no es así es porque alguien apostó a que fuera distinto y con ello le da de comer a muchísimos uruguayos que, de otra forma estarían engrosando los suburbios de algunas ciudades importantes o aumentando considerablemente la población de hurgadores.

Cuando un extranjero elige a nuestro país para vivir o para invertir, deberíamos darle las mismas prorrogativas que le dimos a Botnia (UPM) o a cualquier otra empresa, porque juntos suman más y sobre todo distribuyen mejor la riqueza.

Las nuevas medidas impositivas al solo fin de solventar el alto costo de la legalidad, sumadas al incremento desmesurado de los impuestos en relación a la inflación y al dólar, dejan en claro que las quejas de los contribuyentes seguirán en aumento. Sólo basta ser el damnificado para darse cuenta. Peor aun si el flujo de inversiones se corta o disminuye; habrá que pagar impuestos por Primaria, Secundaria y también la Facultad.

Los justificativos de las nuevas medidas son para la platea, sobre todo después de cobrarles el IRPF hasta a los jubilados de bajos recursos. La justicia social parece un barril sin fondo, no hay impuesto que le alcance y lo peor es que tampoco bolsillo que resista. Desde el punto de vista económico, vivir en Uruguay es más un sacrificio que un beneficio, solo soportable por aquellos que privilegian la naturaleza y una sociedad menos contaminada. Pero ojo, a no confundir, no es el primer mundo, ni siquiera el segundo, por eso las comparaciones son odiosas, lo mismo que los argumentos falaces para disimular un serio problema de caja.

Decir que no creo que los residentes traten de desmarcarse de la titularidad de bienes o cuentas en el exterior para evitar el nuevo impuesto es ser poco asertivo, pensar que un extranjero está dispuesto a pagar una doble imposición (país de origen y de residencia), es un error garrafal, no hacer el ajuste por inflación ya sea a bienes como a inversiones es una inmoralidad, similar al aforo de los autos en relación a las patentes.

El ejemplo dado por un especialista uruguayo en derecho tributario es patético, asume que un depósito de US$ 1 millón con rendimiento de 3% genera una renta de US$ 30.000 y el impuesto anual que debería pagar sería US$ 3.600. En esta ecuación no está asumiendo el ajuste por inflación, la misma en EE.UU. fue de 2,72% (2009), lo que significa que le quedan US$ 2.800 netos. ¿El impuesto sobre qué monto lo aplicarán? Porque si no hacen el ajuste por inflación, lo mejor será guardarlos en el colchón y si lo hacen alcanzará para caramelos. En el impuesto al patrimonio para bienes o rentas en el exterior es lo mismo, antes ajuste por inflación en el país de origen, luego el costo de conversión de moneda y de transferencia a Uruguay, a esto habría que sumar la depreciación del bien por antigüedad o deterioro y/o la apreciación por nuevos valores en la plaza de origen, y recién a partir de ahí el impuesto. Como verán, un engendro."

Contribuyente indignado

M.D.M. | Montevideo

@| "Producida la renovación de los jefes comunales, parece oportuno retomar el tema de las patentes que, como viene ocurriendo desde hace muchos años, nunca termina, apenas se toma un descanso.

Y nunca termina simplemente porque no hay voluntad política para hacerlo. Causa gracia, si no fuera patético, escuchar a quienes tienen la responsabilidad de dar soluciones decir que se trata de un `problema muy complejo`; nada más alejado de la realidad.

El problema es uno solo y muy simple: el absurdo costo que tienen las patentes en muchas de las comunas del país pero particularmente en Montevideo. Además de ser groseramente onerosas, lo son de la peor manera, falseando la realidad económica.

Me explico con un ejemplo, el mío. Tengo un vehículo cuyo valor de mercado oscila en los 300 mil pesos, pero para el Estado vale 825 mil pesos, es decir casi tres veces más.

Está en los manuales tributarios que el contribuyente debe tener seguridad jurídica. Para eso los tributos se fijan por ley, dejando a la Administración un margen de maniobra relativamente estrecho en el cual moverse por distintas vías administrativas. Cuando el legislador fijó la tasa máxima de la patente (creo en el orden del 4.5%), parece que olvidó que el impuesto es el producto de la tasa por el valor de aforo y si el administrador puede fijar este valor en el nivel que se le antoje (ya que fijar tres veces más de lo que vale equivale a eso) es darle total discrecionalidad a la administración, y en consecuencia negarle seguridad jurídica al contribuyente.

Ante semejante exabrupto, el contribuyente se siente legitimado a defenderse como puede; empadronar el vehículo en un departamento que lo trate mejor es la consecuencia del problema y no la causa.

Mientras los intendentes sigan mirando la consecuencia no hay solución duradera posible. Porque no hay represión que dure 100 años ni contribuyente que la resista. La prueba está, se reprime a los contribuyentes `díscolos` por unas semanas, éstos se asustan y empadronan o reempadronan sus vehículos y cuando afloja la presión todo vuelve a ser como antes, es decir, contribuyentes buscando defenderse del abuso.

Por lo tanto, la solución del problema es fijar patentes, no digamos baratas, que tanto no pretendemos, sino apenas justas, dando a los vehículos el valor que realmente tienen, ni más ni menos.

Claro, algunos dirán que no pueden porque precisan el dinero. Eso es harina de otro costal, pero al menos llamemos a las cosas por su nombre."

La reforma del Estado

Leonardo Alonso Peruyera | Montevideo

@| "Una vez más las autoridades, legítimamente preocupadas por el altísimo costo que debe pagar la ciudadanía por las menguadas prestaciones que recibe, hablan de la `reforma del Estado`.

Cada nueva administración que accede al gobierno del país, con mayor o menor sinceridad expresan su inquietud y consideración por el peso que soportan sobre sus espaldas los sufridos contribuyentes.

Tal es la importancia de este tema que se está nombrando una comisión de calificados personajes para que con urgencia se pronuncie sobre este delicado problema.

Seguramente para que esta comisión pueda emitir algún tipo de recomendación o disposición que encarrile los gastos del estado y racionalice los mismos, va a pasar un tiempo bastante considerable, por lo que habría que lograr que mientras se estudian soluciones no se planteen hechos irreversibles.

Es bien conocido que los desajustes presupuestales y los gastos excesivos tienen dos orígenes principales: la promulgación de leyes sin su debida financiación y culminando este desatino, su posterior aplicación de forma incorrecta. En buen romance, la falta de preparación de quienes ocupan puestos legislativos y su renuencia a informarse por sus asesores letrados y luego la irresponsabilidad de los que posteriormente deben aplicar y ejecutar esos mandatos, son generalmente factores que envilecen y desvirtúan el objetivo que se les encomienda.

Ante este panorama no hay muchas opciones para manejar, por lo cual posiblemente las soluciones más simples sean las más efectivas. ¿Por qué no se le impide a los camaristas votar leyes que no tengan su correspondiente financiación y paralelamente se castigue severamente a quien al ejecutar los programas excedan los presupuestos?

Mientras siguen discutiendo el universo de desajustes que deberán solucionar, estos dos sencillos procedimientos pueden mantener las aguas dentro de su cauce.

¿No valdrá la pena probarlo?"

Acatar resolución

Mónica | Montevideo

@| "Me gustaría saber, ya que nunca más se volvió a tocar el tema, qué pasó con la partida que lanzó el MSP de dispositivos intra uterinos (más conocidos como D.I.U) para colocar en forma gratuita en las sociedades privadas. Soy usuaria de una de ellas, he estado llamando desde el momento que se hizo pública la noticia (más de 3 meses), y desde Dirección Técnica me dicen que aún no se ha resuelto. Tengo entendido, por comentarios de interesadas en el tema pertenecientes a otras instituciones, que también obtuvieron la misma respuesta.

Desde la sociedad argumentan que hasta que no se pongan de acuerdo entre los médicos ginecólogos quiénes o qué cantidad de ellos serán los que estén de acuerdo en colocarlos en forma gratuita, no se va a resolver el tema.

Si fue dictaminado por el MSP, ¿no deberían acatarlo de una vez? No todas tenemos para pagar la colocación del mismo en forma particular, ni disponemos del dinero todos los meses para adquirir otros métodos anticonceptivos, los cuales para que sean efectivos se deben usar de manera permanente, y mucho menos estamos en condiciones de traer otro hijo al mundo.

Ojalá tengamos suerte y este comentario sea productivo."

Tarjetas STM

Daniel | Montevideo

@| "Entiendo que al cargar dinero en la tarjeta, este sirva para pagar boletos de una hora (que cuesta lo mismo que el común y por tanto no hay necesidad de agregar este último servicio a posteriori) y los de dos horas.

Yo creo que si uno carga $ 1.000 deberían hacerle un descuento por pagar un montón de boletos por adelantado. Esto serviría como incentivo de venta, lo que redundaría en una disminución de dinero a manejar en los ómnibus, agilidad en el trámite de la compra del boleto, etc.

La mayoría de los empleados cobran un sueldo mensual por lo que olvidarse del tema transporte, monedas, etc., sería un alivio.

Yo iría un poco más lejos aún y promocionaría convenios con empresas públicas y privadas para que los empleados interesados tuvieran el descuento directamente de su sueldo y que cada empresa tuviera una máquina cargadora de tarjetas para efectivizar la transacción. Así disminuiría la necesidad de locales de redes de pago a tales efectos."