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Juan Martín Posadas
El Presidente Mujica ha largado a circular una idea. No es ni un proyecto ni una medida de gobierno; es una idea puesta en marcha, idea personal que expresa un deseo: dejar en libertad a los militares de la dictadura que están presos por violación de la Constitución y de los derechos humanos. Una idea o sugerencia de ese calibre lanzada a la opinión pública genera una convocatoria a meditación ponderada.
Un pueblo que no enjuiciase y condenase a unas Fuerzas Armadas que han usurpado el gobierno y, en el proceso, algunos de sus integrantes cometieron actos tales como torturas, trato inhumano y desapariciones de personas, sería un pueblo flaco de fuerzas o flaco de moral. En el momento en que el Uruguay cobró fuerzas y las empleó en investigar y castigar dichos excesos, terminó cobrando estatura moral.
Ahora bien, el período militar, en un sentido global, actualmente es reprobado, no tiene partidarios y se ha incorporado a la memoria colectiva como un período oscuro y repudiable. Ese es el estado de ánimo o sentimiento nacional prevalente. Por otra parte, en lo concreto, hay civiles y militares que han sido responsabilizados por la justicia por graves desmanes y hoy están cumpliendo pena de prisión.
Los agravios y ofensas colectivas (a todos los uruguayos nos suprimieron las libertades cívicas y personales) y los horrores individuales (los ciudadanos torturados, desaparecidos, etc.) han merecido condena tanto en el ánimo colectivo como de acuerdo a las formalidades del derecho. No ha habido -creo- venganzas particulares. Así ha sucedido y está bien.
Pero, del mismo modo que un pueblo que escamotease las atrocidades de su pasado o les buscase excusas sería un pueblo moralmente flaco, del mismo modo se erguiría éticamente si aceptase la invitación a considerar que ha pasado ya demasiado tiempo y puede abrirse a otra perspectiva. Nuestro pueblo se enaltecería si aceptara de buen grado la idea de Mujica de soltar a los milicos viejos.
En todos los regímenes jurídicos existe el concepto de prescripción. No es absolución, ni gracia, ni indulto ni cambio de carátula. La lógica de la prescripción se basa en que el transcurso del tiempo, prolongado al extremo, entre el crimen y el castigo pendiente hace que este último pierda razonabilidad y utilidad social. Acá sería diferente: se trata de personas juzgadas y presas hace no mucho tiempo. La distancia temporal, en este caso, sería respecto a la fecha del delito y, sobre todo, respecto al pasado del país, a un pasado cívico y culturalmente sepultado, dejado muy atrás simbólicamente, pasado lejano no en virtud de muchas hojas del almanaque arrancadas sino de estados de espíritu nacional enormemente separados.
El paso tendría que concretarse según derecho, naturalmente; en el Uruguay no se da un soberano con poder de vida o muerte según baje su pulgar o no. Además, debería ser una medida transparente en sí misma, que no dé pie a ningún malentendido. Mujica está en una posición como para hacerlo.
No sé decir si en el Uruguay ha pasado el cronos (tiempo) necesario, pero creo que ha llegado el momento (cairos) para considerar este asunto sin escándalo y con magnanimidad. ¡Felices Pascuas!









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