Juicios por US$ 1.000 millones podrían recaer sobre el Estado

Juicios por US$ 1.000 millones podrían recaer sobre el Estado

El Estado uruguayo podría verse obligado por la Justicia a pagar cerca de US$ 1.000 millones a 29 empresas en caso de prosperar acciones iniciadas por constructoras cuyos contratos con el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay no fueron cumplidos por el gobierno, debido a decisiones tomadas por las autoridades de esos organismos a partir de 2005.

La advertencia que lanzó el diputado herrerista Gustavo Borsari fue hecha en el marco de la discusión de la Cámara de Representantes por la Rendición de Cuentas 2008, en su capítulo referido a la construcción de viviendas por parte del Estado.

El legislador destacó el incumplimiento de las promesas fijadas como metas de viviendas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2005-2009, donde el Frente Amplio se comprometió a realizar 93.800 soluciones habitacionales.

"El fracaso ha sido estrepitoso puesto que del análisis de las cifras brindadas por el gobierno surge que sólo se realizarían 24.000 soluciones habitacionales al culminar el período", afirmó Borsari.

En relación con los juicios, dijo que los mismos han sido promovidos por empresas de larga actuación en la industria de la construcción, hecho que dijo que el gobierno "ha mantenido en silencio".

TEMA DE ESTADO. Borsari indicó que después de la deuda externa, "si se confirma por parte de la Justicia, esta será la deuda más grande del Estado".

El diputado planteó que el actual y el próximo gobierno deben tomar este asunto como "un tema de Estado".

Borsari defendió la gestión del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Recordó que aquel gobierno completó más de 56.000 soluciones habitacionales, y afirmó que el gobierno del Frente Amplio, como la Intendencia de Montevideo "no han hecho absolutamente nada por erradicar los asentamientos irregulares", situación que indicó que "ha condenado a miles de compatriotas a vivir en condiciones desesperantes".

Uno de los diputados oficialistas que respondió a Borsari defendiendo la política de vivienda fue Alfredo Asti, que dijo que "habría que ver lo que fue (el BHU) y lo que es hoy".

También el diputado frenteamplista Héctor Tajam intervino en esta parte del debate, para sostener que este gobierno "recuperó" al BHU "luego del caos de administraciones anteriores".

"Clientelismo" con Namús

El diputado nacionalista Jorge Gandini respondió con datos concretos cuando desde la bancada oficialista le pidieron pruebas de sus acusaciones sobre clientelismo político con dineros públicos. "Ha habido ingresos directos y a dedo o concursos para vestir la novia y simular un concurso", dijo en sala. Además, planteó que el gobierno "hizo creer" a la gente que la boxeadora Cris Namús es "una estrella del deporte". "Era campeona mundial, pero de un club muy chiquito en el que compiten muy pocas", dijo Gandini, para agregar que "ha sido beneficiada con un acomodo" del gobierno "porque en su momento firmó por la reelección" del presidente Tabaré Vázquez, luego "por la anulación de la ley de Caducidad" y tercer lugar "adhirió a Danilo Astori" como candidato presidencial oficialista. "Y ahora resulta que no es campeona. Pero le vamos a seguir pagando a través de Antel US$ 2.000 por mes y le contratamos al novio, ex boxeador, como guardaespaldas del ex vicepresidente del organismo Gonzalo Perera. Esta es una forma de transferir recursos públicos por favores políticos. Esto también es clientelismo", sostuvo el diputado. Desde el oficialismo no hubo respuestas.