La coartada

Enrique BeltrÁn

Nada menos que a iniciativa del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, el gobierno presentó en el juzgado de Durazno, denuncia penal contra Carmelo Vidalín el ex intendente blanco de Durazno y dos jerarcas de esa comuna. Se les acusa de presuntas irregularidades en el manejo de las ayudas proporcionadas a raíz de las inundaciones ocurridas en aquel departamento hace más de dos años. A lo largo de mi dilatada existencia no creo que haya ocurrido en mi país un hecho parecido, más que por la gravedad de las imputaciones, sí por el hecho que el Presidente de la República arroje todo el peso de su investidura para emprenderla penalmente contra un intendente, que entre otras cosas, y casualmente, ha cometido el grave pecado de haber hecho una intendencia que contó con amplio respaldo popular a lo largo de sus dos mandatos, de ser candidato en una lista del Partido Nacional, y el de ser además un duro opositor a su gobierno. Poca amistad he tenido con Vidalín. Su actuación al frente de la Comuna fue con la aprobación de la amplia mayoría de su pueblo. Se conoce bien su sencillez, su vocación de servicio, y la honestidad de su gestión que no ha sido cuestionada por ninguna de las minorías opositoras en aquel departamento hasta la abrupta intervención de la Presidencia de la República en pleno período electoral. En un ámbito reducido como ocurre con algunos departamentos del interior su pueblo pronto sabe lo que pasa a diferencia de lo que sucede en otros tan poblados como el de Montevideo en que es difícil penetrar en los oscuros recovecos de veinte años de escondrijos y en la maraña de su voluminosa burocracia, tan insaciable para el reclamo, como cuidadosa para cerrar las puertas a la luz y al eficaz contralor de las minorías.

Este disparo lanzado desde la presidencia de la República después de dos años y pico de los hechos que se denuncian, coincide con su activa presencia en la lucha electoral, que ha sido tan inquieta y desembozada, como para desafiar abiertamente el artículo constitucional, que no está demás repetir, aunque seguramente no se le ha olvidado: "El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones de clubes políticos, ni actuar en los órganos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda electoral". La contundencia de la prohibición no sólo queda formulada en la amplitud que traduce la expresión "en ninguna forma" sino que es la misma que está establecida para los ministros de la Corte Electoral que son nada menos que jueces de las elecciones. No obstante su juramento de respetar la Constitución cuando asumió la presidencia ante la Asamblea General, una vez que advirtió que la derrota de su fuerza política era una seria probabilidad, encajonó para el caso la Constitución y el juramento. A lo largo de este quinquenio, a pesar de la cerrazón con que se ha envuelto parte de su gestión, ha sido larga la serie de graves irregularidades que fueron jalonando la marcha del oficialismo frentista en el Poder, aunque muy pocas veces se hicieran efectivas las responsabilidades.

Simultáneamente a la insólita denuncia presidencial vuelve a evidenciarse la descomposición del oficialismo, por su propio estallido. El escándalo de Antel con su ex vice presidente inventando atentados, el episodio de sainete del funcionario trucho designado por una sola llamada telefónica es una semblanza de lo que se descubriría si se descorre la cortina de este quinquenio oficialista. Vidalín, ha sido la víctima elegida para encubrir el cuadro.