A La Haya con fe

Antonio Mercader

Uruguay tiene todas las de ganar cuando enfrente a Argentina el mes próximo en la Corte de La Haya por el caso Botnia. Será la última fase judicial del proceso que concluirá en 2010 cuando se conozca el fallo. Un fallo que probablemente le dará la razón a Uruguay. ¿Por qué? Porque el fundamento de la demanda argentina en La Haya fue "la grave contaminación" del río Uruguay y su ecosistema. Y hasta ahora, todas las mediciones, sean argentinas, uruguayas o de terceros, demuestran que la planta de celulosa no contamina. Si no hay contaminación se desploma el reclamo argentino.

Que no la hay surge de diversos informes, entre ellos los siguientes: dos del Banco Mundial, uno de los cuales es muy reciente, sobre mediciones en 16 puntos del río; otro de Green Cross, la consultora medioambiental apadrinada por Mijail Gorbachov; todos los efectuados por nuestra Dirección Nacional de Medio Ambiente; y, sobre todo, el que concretó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) de Argentina que confirma rotundamente que la producción de Botnia no afectó la calidad del agua y del aire de la región.

Es cierto que Argentina también protestó por la violación del estatuto del río Uruguay, alegando que nuestro gobierno no informó sobre el comienzo de las obras en tiempo y forma. Empero, puede probarse que en 2004 los países platenses llegaron a un acuerdo sobre el tema que fue oficialmente notificado al Congreso argentino. Si pese a ello la Corte estima que ese acuerdo posterior no saneó alguna omisión uruguaya, su propia jurisprudencia indica que se limitará a redactar una declaración sobre el punto sin fijar condena para nuestro país.

Ante ese panorama, el corte del puente de Fray Bentos impuesto hace casi tres años, luce más absurdo que nunca. Ni que hablar de la actitud del gobierno de Cristina Kirchner al seguir tolerando la burda violación del derecho internacional que supone obstruir la circulación entre dos países vecinos. Si bien la tozudez de los piqueteros puede hallar varias explicaciones (algunas de ellas no muy santas), la inacción de Casa Rosada resulta injustificable cuando es evidente que la papelera dista de ser el monstruo contaminador que tanto decían temer. Quienes bloquean el puente, aparte de hacer oídos sordos a las mediciones antedichas, anuncian que, cualquiera sea el fallo de La Haya, ellos seguirán adelante "hasta que la planta de celulosa sea desmontada o trasladada". La irracionalidad es su lema.

En suma: pese al desorden y las vacilaciones con que el gobierno manejó el tema, hay indicios de un desenlace favorable. Atrás quedarán opacas gestiones como la de Tabaré Vázquez pidiéndole sin éxito a Botnia que detuviera las obras por un tiempo; o la del ministro de Ganadería, José Mujica, negociando mano a mano con el canciller argentino en una intentona frustrada que la prensa porteña caratuló como la mediación del "amigo tupa"; o la crasa ausencia del ministro Mariano Arana en un problema medioambiental que pertenecía a su cartera; o el desconcierto habitual del canciller Reynaldo Gargano.

A la postre, el caso Botnia dejará dos lecciones. Una, que es ridículo pensar que la armonía debe reinar siempre entre gobiernos de las mismas familias políticas: cuando hay intereses de por medio no hay parentescos entre países. Otra lección es que el tema de las papeleras articuló en los hechos una política de Estado entre los gobiernos de Batlle y Vázquez, mal que le pese a quienes sostienen que el Frente Amplio llegó para refundar la República.