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Sábado 28.02.2009, 17:25 hs l Montevideo, Uruguay
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Editorial

La ley de caducidad

FRANCISCO GALLINAL

Si de lo que se trataba era de convocar a una Asamblea General para discutir quién combatió más a la dictadura militar, quién defiende más los derechos humanos, quién está más de acuerdo con la democracia y con la protección de las libertades, en eso no le cedemos el lugar a nadie.

Actuando siempre con un sentido positivo, aportando al país instrumentos que contribuyan a sortear las dificultades que se presentaban: las de la dictadura y las que vinieron después, en una transición signada por el llamado Pacto del Club Naval. El plebiscito de 1980, luego el resultado de las elecciones internas de 1982, la concentración en el Obelisco que se realiza posteriormente "Por un Uruguay sin exclusiones", fueron todas demostraciones que contaron con nosotros. Cuando nos decían a los blancos en forma de acusación que pretendíamos desestabilizar a las instituciones de 1983 y 1984, Wilson manifestaba: "No pretendemos desestabilizar nada, nosotros los venimos a echar". Bajo esas consignas actuamos en ese tiempo.

La transición que comenzó en 1985 se basó en tres grandes leyes que permitieron al país ir avanzando durante todo ese tiempo: la Ley de Amnistía para los presos políticos, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y la ley que dio solución a la situación de los funcionarios públicos malamente destituidos durante el régimen militar. Cabe destacar que el Partido Nacional intervino en la elaboración de dichas normas y que las tres contaron con su voto.

Cuando se aprueba la Ley de Amnistía Wilson manifestó: "Nosotros le vamos a hacer un favor al Gobierno, porque no queremos que ejerza su Administración con presos políticos". La ley de caducidad era la contrapartida o el equilibrio para asegurar el período de transición, para defender la estabilidad institucional y para culminar lo que otros -no nosotros- habían empezado en el Club Naval.

En las tres leyes, fundamentales para la consolidación de la transición, participó el Partido Nacional y allí no se cobraron cuentas y no le pasamos ni al Partido Colorado ni al Frente Amplio la factura de que nos habían impedido ganar la elección metiendo preso a nuestro candidato, porque proscriptos en la elección de 1984 hubo muchos, impedidos de participar en ella como candidatos, también, pero dirigente principal de los partidos políticos, proscripto y preso, hubo uno solo: Wilson Ferreira Aldunate.

Ni siquiera el General Líber Seregni tuvo esas limitaciones. Recuperó su libertad antes de las elecciones y fue protagonista de la campaña. Claro, ahí es donde aparece la grandeza de este ciudadano al que ahora el Frente elogia tanto, ¡porque hay que decir las cosas como son! Cuando Wilson estaba vivo, ¡bien que se encargaban de acusarlo de todo lo que podían! ¡Claro, hoy queda lindo hablar a favor de Wilson !

Ahora bien; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes está reservada a la Suprema Corte; el senador Michelini preguntaba en la Asamblea, alegremente, si el parlamento se iba a lavar las manos. Debería darse cuenta de que el próximo 1º de marzo su Gobierno cumple cuatro años lavándose las manos, porque tiene las mayorías parlamentarias necesarias para derogar la ley de caducidad y, sin embargo, no se recurre a ese mecanismo. Esa es la manera de seguir y seguir, con los ojos en la nuca, sin buscar nunca la solución que hay que buscar.

El País Digital

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