La DGI denuncia a los empresarios que están emplazados

YOUNG | D. ROJAS Y D. SOSA

Los 12 empresarios indagados quedaron en libertad pero emplazados para el martes. Sospechas de lavado y defraudación persisten. La DGI ya presentó denuncia y el Banco Central recaba información para hacer lo propio antes de la audiencia.

La audiencia será el próximo martes a la hora 10. Los representantes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que aportaron escuchas y filmaciones de las operaciones clandestinas de traslado de metales preciosos, pretendían continuar hoy la batalla judicial. Pero finalmente el magistrado accedió al pedido de la defensa de los indagados de postergar la instancia.

De todas formas, el juez Suárez Suñol dispuso el cierre de fronteras para los empresarios sujetos a investigación. Para el magistrado el estrecho plazo constitucional de 48 horas y la falta de pruebas contundentes fueron determinantes para no llegar ayer mismo a un fallo.

La novedad, en cambio, surgió durante la jornada cuando el Director General de Rentas, Nelson Hernández, cursó por fax una denuncia por defraudación tributaria contra las empresas bajo sospecha.

El Banco Central, en tanto, aguarda información internacional para compilar indicios sobre posible lavado de activos. Según indicaron fuentes del caso, de acuerdo al tenor de esos informes el BCU podría también sumar nuevos elementos a esta investigación. Los cuatro días que restan ahora hasta la próxima audiencia podrían arrojar novedades.

SOSPECHA DE LAVADO. El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, reiteró sus sospechas de estar ante una vasta red clandestina.

"La situación es por lo menos dudosa, porque la entrada y salida de metales al país es libre. Si no es delito, ¿por qué lo hacemos a escondidas?", se preguntó Gil Iribarne. "Si es obligatorio declarar, ¿por qué en estos casos no se estaba declarando?", insistió.

Al preguntarle si las compras y transacciones con oro y plata estaban documentadas en el Banco Central, Ricardo Gil fue categórico: "No, sin duda que no. Lo que está claro es que se sacaba plata del país escondida en vehículos y se entraba oro al país escondido en vehículos".

Para Gil Iribarne este caso viene a confirmar antiguas sospechas en torno a la existencia de "mafias" dedicadas al contrabando de oro, metales y piedras preciosas. "Muchos de nosotros lo presumimos, pero ahora lo sabemos fehacientemente. Se han detenido (en Uruguay) vehículos con 200 kilos de plata y también se han detenido en Brasil, pasando la frontera con metales preciosos. Hay numerosas personas detenidas en Brasil, porque allá sí es delito", indicó.

Por último Gil Iribarne sostuvo que en los últimos tres meses Uruguay importó plata por varios millones de dólares. "Es muy probable que esa plata haya salido clandestinamente del país. Exporta oro por 30 millones de dólares en tres meses y es muy probable que ese oro haya ingresado ilegalmente al país. Algunas instituciones que están siendo investigadas, tienen compras de oro en poco más de un año por 100 millones de dólares. Es mucha plata y nos preocupa, porque parte de eso aparece involucrado en movimientos clandestinos", señaló. El jerarca confía en llegar a varios procesamientos.

Abogados

El conocido abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro es defensor de algunos de los indagados. Al concluir la instancia Curbelo Tammaro señaló que hasta ahora no han surgido pruebas de actividades delictivas. "Se resolvió la libertad de todos los indagados y antecedentes, que en la jerga jurídico penal procesal, significa libertad y presumario, es decir que siguen las medidas instructivas", explicó. Por último, Curbelo Tammaro señaló que "no se ha formado ningún plexo probatorio que permita sostener que hay elementos de convicción (para un procesamiento)". Representantes de otros prestigiosos estudios jurídicos también viajaron a Young para ejercer la defensa.

Juez bajo alud de documentos

El juez Mario Suárez Suñol reconoció que la alta complejidad del caso superó todas sus expectativas. Dijo que como consecuencia de los allanamientos e incautaciones realizados por la Policía se ha presentado "un panorama probatorio que no habíamos imaginado en un comienzo".

"Panorama complejo pautado además por una enorme cantidad de documentación que ha llegado desde Brasil en forma casi permanente. A ello debemos agregar que algunas de las personas individualizadas como respaldo documental por información que logró obtenerse, virtualmente no han podido ser localizadas en el país, lo que es un dato muy llamativo porque son personas que mueven volúmenes importantísimos de dinero y resulta que pese a los esfuerzos de la Policía, no se logró individualizar a estas personas. Sabemos que tienen el nombre, sus números telefónicos, pero no hemos podido encontrarlas pues pareciera que no existen", dijo a El País Suárez Suñol.

El magistrado destacó, por otra parte, la labor que desempeñó como asesor el titular de la Secretaría Antilavado, Ricardo Gil Iribarne. Expresó que durante las audiencias Gil Iribarne cuestionó severamente la documentación presentada por los empresarios.

Suárez Suñol informó, asimismo, que para la audiencia del martes -además de los 15 empresarios indagados- citó a representantes de otra casa de cambio con sede en Montevideo, que también deberán responder por las maniobras.

Además de todo ello, el juez debe analizar ahora la denuncia por defraudación tributaria presentada por la DGI.