Plaza a remate

Por segunda vez en poco tiempo, los vecinos de Carrasco han emprendido algunas acciones para ver si pueden detener el nuevo avance de la Intendencia de Montevideo, que parece actuar bajo la consigna de "pasar a cobre lo que sea". Claro, hay que hacer nuevas oficinas para albergar a los miles de empleados municipales que forman parte del funcionariado, cuyo costo se come el 80% de las enormes sumas que se les sacan a los montevideanos. Y se deben pagar enormes montos de dinero por las deudas contraídas con ADEOM,- por irresponsables intendentes como Arana-, un sindicato especializado en esquilmar a la Municipalidad de forma insaciable. Valga decir, a la gente. A la que paga a toda esa burocracia; la que sufre con los trámites y vive en una ciudad que da vergüenza por su suciedad, los basurales, los carros de andrajosos haciendo el trabajo que corresponde a la Intendencia; la recolección de basura y múltiples falencias varias.

El mes pasado, las quejas de los "carrasquenses" al anunciarse que unos espacios verdes que flanqueaban ambos extremos de una manzana iban a ser rematados, no sirvieron de nada y la subasta se llevó a cabo a tambor batiente. A las personas que intentaron hablar con los directivos de la Asociación de Rematadores, para que antes de ofrecerlos en venta se hiciera saber a los potenciales compradores que existía un recurso administrativo, los encargados de la operación ni se lo permitieron ni lo hicieron ellos mismos. Como debe y suele hacerse en estos casos, informando al público previamente al remate, el estado del bien. Si está arrendado con contrato inscripto y el plazo, si hay deudas, si tiene ocupantes o cualquier otro problema. Pareció como que daban por descontado que el recurso a resolución de la IMM, no iba a tener mayor futuro y el comprador se llevó todos los lotes sobre la calle French, para levantar allí una gran construcción tipo hotel, según se dijo.

Para el 20 de este mes, se prepara el próximo remate, y ahora se trata de un gran predio que hace las veces de plaza, aunque no estuviera catalogada con ese nombre, sino con el más ambiguo de espacio libre de uso público, donde han crecido los distintos árboles plantados por los vecinos, que son quienes se han ocupado de su cuidado y hoy rodeado de casas. Se trata de una extensión que corresponde con lo que se conoce como " barrio jardín", característico de Carrasco.

Sin embargo, a las autoridades de la Intendencia parece importarles muy poco el aspecto urbanístico, la preservación de sus rasgos, la existencia de superficies verdes que embellecen y oxigenan visualmente el entorno, ni la tan mentada "seguridad jurídica" con la que se llenan la boca muchas de las autoridades del presente gobierno, cuando repiten que gracias a esta cualidad nos llegan inversiones. ¿ Pero de qué seguridad jurídica le están hablando a quien compró un inmueble con frente a una plaza, algo que habrá elevado su precio, lo mismo que la tasación para el impuesto inmobiliario, si de pronto lo que tendrá enfrente, va a ser la fachada o tal vez el trasero de un edificio? Un radical cambio en la fisonomía barrial, y la desaparición de un lugar de esparcimiento del que solía hacer uso la gente del lugar.

La codicia municipal, que como ave de rapiña puso la mira en este predio, -y quién sabe qué peligro corre el otro que hace cruz, asignado por la Intendencia con el visto bueno de la Junta Departamental y el asesoramiento de la Comisión de Nomenclátor, para albergar el monumento en homenaje a un fundador de este diario, el Dr. Eduardo Rodríguez Larreta-, viene de la época de Arana. El 27 de julio de 1998, la Intendencia remitió una resolución a la Junta Departamental de Montevideo para desafectar parcialmente el espacio libre objeto de esa consulta y poder luego vender lo (5.604 m.c.) desafectado, luego del fraccionamiento correspondiente.

De acuerdo a un concienzudo estudio del caso, realizado por el Dr. Augusto Durán Martínez, catedrático en Derecho Administrativo, la desafectación dispuesta en dos actos, uno legislativo y otro administrativo, son ambos inconstitucionales y susceptibles de impugnación en forma separada e independiente. Y la privatización del espacio libre analizada compromete la responsabilidad del Gobierno Departamental.

Sin embargo, preferible sería que antes que litigar, triunfe la cordura y se dé marcha atrás con este avasallador proyecto.